Durante la audiencia de formalización de este viernes, el Tribunal de Garantía de Lautaro accedió a la petición de la Fiscalía de La Araucanía y concedió la prisión preventiva para 12 imputados que están siendo investigados -entre otros delitos- por asociación ilícita para cometer robo de madera en fundos ubicados entre las regiones del Biobío y La Araucanía, ocurridos durante noviembre de 2021.
En específico, el 22 de noviembre, un grupo compuesto por 12 individuos entraron simultáneamente a cuatro fundos ubicados en la Macrozona Sur, a rostro cubierto y armados. Por eso, la Fiscalía les imputa los delitos de usurpación violenta, extorsión, disparos injustificados, receptación, disparos injustificados, porte de armas de fuego y adulteración de placa patente.
Según se estableció, los imputados ingresaban con camiones autocargantes y maquinarias a predios que se encontraban ocupados de manera ilegal por comunidades indígenas vecinas, resguardados por sujetos encapuchados que portaban armas de fuego y que, previo al pago de $ 500 mil por camión, se les permitía explotar y cosechar madera de los predios Los Chilcos de Galvarino -de propiedad de forestal Mininco- y Lo Pérez, perteneciente a la particular Sonia Bugman de 80 años, que sufrió la usurpación del predio de 80 hectáreas de bosque y un incendio donde debió intervenir carabineros y personal de ejército que fueron repelidos a balazos, tras diversas denuncias en contra de comuneros indígenas.
Los acusados fueron identificados como Miguel Alejandro Terán Carrasco, Segundo Eugenio Gallardo Hidalgo, Marcos David Cáceres Burdiles, Joaquín Aurelio Gavilán Gavilán, Gabriel Novoa Sepúlveda, Armando Ulises Millán Marín, Dany Luís Conejeros Sepúlveda, Sergio Froilán Chandía Reyes, los hermanos Emanuel Antonio y Miguel Ángel Espinoza Contreras, Luis Iván Baeza Millán, Luis Alberto Contreras Córdova y Solange Andrea Vásquez Palavicino.
Entre ellos, solo Luis Contreras Córdova permanecerá con arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.
El fiscal de alta complejidad, Enrique Vásquez, detalló que se formalizó a los sujetos por asociación ilícita destinada a cometer distintos delitos, entre ellos la extorsión mediante una carta a la empresa forestal Mininco.
“Las circunstancias de encontrarse los predios ocupados y bajo control territorial por sujetos armados, le permite a esta agrupación contactar a las víctimas a efectos de que estos suscriban contratos donde disponen de los árboles que existen en el lugar o el pago en efectivo para poder poner término a la ocupación ilegal”, afirmó el fiscal Vásquez, asegurando que la investigación se extendió durante un año.
Según los antecedentes de la investigación, este grupo era liderado por dos empresarios del rubro de la madera, además de un sujeto vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que se adjudicaron la usurpación de los territorios tras el atentado armado.
Dentro del modo de operación, se estableció que una vez que el grupo armado entró a estos predios, estos se concertaron con Emanuel Espinoza Contreras, empresario maderero de la zona y junto a su hermano y socio, Miguel Espinoza, se encargaron de contactar a los conductores de los camiones: Sergio Chandia, Marcos Vega y el operador de maquinaria, José Vivanco. Ya en las operaciones, extraían la madera en los camiones de otro empresario maderero: Miguel Terán Carrasco.
Además, se decretó un plazo de seis meses para efectuar la investigación.
