En dependencias de la Escuela de Gendarmería de Santiago, la mañana de este miércoles se constituyó el Equipo Tarea para combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios de Chile, en el marco del Plan Operativo de Seguridad Penitenciaria y del Plan Nacional contra el Crimen Organizado.
La actividad contó con la presencia del fiscal nacional Ángel Valencia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, además de representantes del Alto Mando de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Monsalve explicó que se transferirán $4.867 millones a Gendarmería para fortalecer las capacidades de seguridad al interior cárceles. “(Los recursos) van a permitir tecnología para detectar armas, para detectar droga, para tener un mejor control de ingreso a recintos penitenciarios, eventualmente tener detectores de droga, es decir, tecnología”, explicó.
Por su parte, el subsecretario Gajardo dijo que el plan comenzará en las cárceles de Arica, La Serena, Valparaíso, Colina 1, Colina 2 y Santiago 1. Con todo, se analizará si se aplica posteriormente en los recintos penitenciarios de Antofagasta e Iquique.
El fiscal nacional aseguró que manifestó a la mesa de trabajo cuáles son las “preocupaciones” del Ministerio Público. Entre ellas, “contar con recintos penitenciarios que puedan contar con espacios apropiados para que los imputados, los acusados por causas de crimen organizado, puedan prestar declaraciones y participar en los juicios por videoconferencia”. Esto, según explicó “por razones de seguridad”.
Luego sostuvo que trabajarán en mejorar la coordinación con los otros organismos del Estado para evitar que se sigan cometiendo delitos al interior de los recintos penitenciarios. “La cárcel tiene que ser una pena genuina, tiene que ser un lugar que sea temido, un lugar al cual los acusados, los delincuentes, teman ir y no sea un lugar desde el cual su actividad criminal se pueda proyectar o un lugar donde puedan continuar delinquiendo”, explicó.
En ese sentido, Valencia puso como ejemplo algunos recintos penitenciarios de Italia.
“Hemos transmitido nuestra solicitud, en la medida en que nuestras atribuciones constitucionales lo permiten, en orden de que haya más cupos en las cárceles de máxima seguridad, que haya cárceles que efectivamente puedan controlar y contener la actividad del crimen organizado. Idealmente, cárceles similares a las que existen en Italia por ejemplo, que restringen al máximo el contacto de los condenados, los acusados, con el medio externo, al mínimo que sus garantías judiciales y los derechos humanos aseguran”.
