La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer esta semana el informe final sobre su auditoría a la gestión del contrato de reposición del Estadio Municipal de San Antonio, luego de que el 9 de agosto de este año un preinforme del ente evidenciara una serie de irregularidades que hoy tienen frenada la utilización del estadio Olegario Henríquez, en la región de Valparaíso.

Tal investigación fue solicitada por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien instruyó una exhaustiva investigación técnica y administrativa respecto a los fundamentos que existieron en 2019 para aprobar modificaciones de contrato que posibilitaron este resultado, de manera de definir las eventuales responsabilidades y sanciones que procedan y, paralelamente, concretar los nuevos trabajos en el menor plazo posible.

“En agosto pasado, apenas tomamos conocimiento de estos graves antecedentes, solicité que se hiciera una completa investigación a lo ocurrido en el estadio de San Antonio, proceso que está a cargo de la fiscalía ministerial. Es una vergüenza que una obra de infraestructura muestre falencias constructivas tan groseras, que obligarán a millonarias reparaciones y que demorarán el uso del recinto por parte de los deportistas sanantoninos”, afirmó el ministro García.

La lectura del informe advierte que durante la ejecución de la obra se modificó el contrato para reducir hasta 60 minutos el tiempo de resistencia al fuego de gran parte del recinto, en circunstancias que la normativa indica que todo elemento soportante horizontal debe resistir dos horas al fuego antes de colapsar.

Además, comprobó que diversos elementos estructurales metálicos carecían de pruebas que acreditaran que hayan recibido la aplicación de protección intumescente.

Asimismo, el ente contralor mantuvo diversos cuestionamientos al MOP, entre los que destaca un incumplimiento en el proceso de recepción provisional, la demora de un año en las gestiones para la oportuna puesta en servicio del recinto; que no se haya cobrado una multa de 258 millones de pesos al contratista por haber entregado la obra 75 días después del plazo legal; la realización de un aumento de contrato por 22 millones de pesos sin contar con respaldos y la existencia de diversos defectos en la calidad de las obras, tales como anomalías en la cancha de pasto sintético anexa al estadio, fallas eléctricas en el sistema de iluminación y altos grados de corrosión de elementos metálicos, entre otros.

Para la alcaldesa de la comuna, Constanza Lizana, la lista de observaciones de Contraloria son “altamente complejas”.

“Estamos hablando de una obra importantísima para San Antonio, que tiene atraso de años, de más de 11 mil millones de pesos, y que hoy ha quedado claro, a pesar del silencio de muchos, que presenta graves irregularidades, el informe demuestra que quienes presionaban en base a mentiras pretendían acelerar la entrega ilegal de un inmueble, sin que se revelaran todas las irregularidades, con pagos sin documentar por más de 2500 millones de pesos, además de multas por al menos 250 millones que no se cobraron a la empresa Valko. Aquí se dañó y engañó a las comunidades deportivas, y se nos ignoró cuando dijimos todo esto, apuntando a que no queríamos recibir el estadio, cuando estábamos velando por el bien común, la verdad y las comunidades deportivas de San Antonio”, comentó a La Tercera.

La espera continúa

Pese a que ya son cuatro años desde que comenzó la construcción del coliseo, el recinto pareciera estar lejos de ser inaugurado.

Y es que luego del peritaje del MOP, sumado al reciente informe de Contraloría, la inauguración del recinto quedará pospuesta durante un año más. Es decir, se podría esperar su apertura durante 2024.

Asimismo, cabe señalar que la remodelación del estadio comenzó en agosto de 2018 y su inauguración estaba prevista para 2021, considerándose que en diciembre de 2020 se estimaba que la obra ya había alcanzado un 99% de avance.

En ese contexto, parte de la comunidad deportiva de San Antonio sigue demostrando su descontento ante la notoria demora. Así lo transparenta Liliana Cancino, dirigenta de la Mesa por la Defensa del Estadio de San Antonio, quien sostuvo que como comunidad llevan más de una década esperando por un bien de uso público “relevante para todos los deportistas seleccionados y velocistas de la zona”.

“Esto de las graves falencias del estadio son características que nosotros conocíamos desde hace años. Pero nos llama la atención que lo que más detalla el informe es la falta de pintura contra incendio, que no es en toda la estructura del estadio, sino que solo en partes específicas. El MOP y el municipio, en su momento, permitieron la entrega del estadio y ahora se retractan de la decisión para hacernos esperar un año más. La burocracia que existe en torno a la reparación del estadio es brutal. Falta que las autoridades se pongan del lado de los deportistas, de la comunidad”, comenta Cancino.

Otro de los puntos que la dirigente sostiene es la negativa del municipio para permitir el uso de la pista de atletismo que queda en las dependencias del estadio, pero en el exterior.

“San Antonio cuenta con una de las pistas de atletismo más importantes de Chile y la segunda más grande de la región que incluso está certificada por la World Athletics. Y así y todo se nos ha prohibido utilizarla. Nosotros tenemos a grandes atletas de la zona y velocistas esperando. El estadio es una necesidad urgente. En San Antonio tenemos un aumento en la delincuencia, depresión, no hay espacios públicos y casi se nos niega el acceso a la playa. El estadio es un lugar importante para el deporte y la recreación de la comunidad, es un medio para descomprimir toda la presión social de la zona y se sigue burlando el sentir y la necesidad de la gente”, sostiene Cancino.