Especial cuidado con menores de edad y adultos mayores: cómo se planifica el eventual desalojo de la toma de San Antonio
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Desde la Subsecretaría de Servicio Sociales señalan que se ha trabajado en “entregar asistencia y, en los casos que sea necesario, poder derivarlas a los programas que llevan adelante diversos servicios públicos”.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó para el próximo jueves 27 de febrero el desalojo de la megatoma de San Antonio, la que alberga a cerca de 11.000 personas en el cerro Centinela.
Según informó La Tercera, un 33% de su población son menores de edad, 3,9% adultos mayores y un 2,2% presenta algún grado de discapacidad. A eso se suma que más del 70% del total de las familias presenta una situación de alta vulnerabilidad social, 13% son extranjeros y más del 90% no tiene segunda vivienda ni subsidio anterior.
Ante esta situación, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) se han puesto a disposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio para colaborar en la eventualidad de que finalmente se concrete el desalojo, pese a los esfuerzos de las autoridades de gobierno y locales para extender el plazo impuesto por el tribunal de alzada.
“El rol del ministerio es resguardar el bienestar de niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad”, dicen desde la cartera que lidera la ministra Javiera Toro.
Y en esa línea, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego, ha sido parte de las sesiones que ha realizado la mesa de coordinación en conjunto con el Minvu y el Ministerio de Interior, con la finalidad de hacer un seguimiento de las personas que requieran algún tipo de ayuda.
Según señalaron desde la subsecretaría, se ha estado trabajando para identificar las necesidades de niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, para “entregar asistencia y, en los casos que sea necesario, poder derivarlas a los programas que llevan adelante diversos servicios públicos”.
“Este trabajo está siendo coordinado por la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, con el apoyo de los equipos de la Subsecretaría de Servicios Sociales, Subsecretaría de la Niñez, Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). A su vez, la Seremi de Mideso se encuentra trabajando en coordinación con la Municipalidad de San Antonio y la Oficina Local de la Niñez”, informaron.
Las palabras de alerta de la Defensoría de la Niñez
Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, puso la voz de alerta: “En materia de los programas de protección social, sin duda se verían muy tensionados porque hoy día las coberturas que tienen no se relacionan con la magnitud que esto (el desalojo) significaría”.
Uno de los obstáculos que deberán enfrentar es la magnitud poblacional que tiene el asentamiento radicado en el cerro Centinela. Es por esto que en conversación con La Tercera, la defensora (s) de la Niñez, Giannina Mondino, criticó el catastro del gobierno y la forma en que se produciría el desalojo.
“Hay una estimación aproximada, pero no hay un catastro respecto de todo y cada uno de los niños que existen. Entonces, la estimación aproximada es que dentro de las 10.000 personas el 30% serían niños, niñas y adolescentes. Pero la individualización de cada uno de esos niños y con quién están conviviendo, esa información aún no la tenemos desde la Defensoría de la Niñez. Solamente existen estas estimaciones”, señala.
“Si no hay un catastro o un diagnóstico en términos de estándar, no es posible llevar a cabo ningún tipo de desalojo”, agregó la defensora de la Niñez.
Además, reafirma que se deben respetar los estándares internacionales en el desalojo. “En cualquier caso, tiene que existir un plan de reubicación. O sea, tiene que existir alguna solución, respecto de dónde van a quedar las familias y para poder estimar las posibles soluciones. Es por eso que es importante el poder catastrar”.
Por último, Mondino informó cómo actuarán en caso de concretarse el desalojo: “Nosotros nos podemos constituir en la toma para observar que se realice conforme a los estándares de Derechos Humanos. Es decir, que se les avise a las familias con anticipación, que se haya catastrado, que si las familias no tienen posibilidad de concurrir, que se albergue y que se habiliten los albergues”.
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