Este martes se cumplen 65 días del paro de profesores de Atacama, que comenzó por los graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios de la región y que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases. Una situación por la que los estudiantes afectados están en riesgo de perder el año escolar, que culmina en poco más de un mes.

La crisis en la región del norte del país solo ha profundizado los problemas del Ministerio de Educación, ya que ha expuesto las debilidades del proceso de desmunicipalización, hasta el punto de dejarlo en vilo con las constantes desprolijidades de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pioneros -donde está el foco del conflicto- y las fallas de la reforma educacional.

En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llegó esta tarde hasta el Congreso Nacional para asistir a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados para entregar detalles, precisamente, sobre los problemas que afectan al sistema educativo de Atacama y, en específico, su Servicio Local de Educación Pública, que administra el servicio educacional de cinco comunas: Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro.

“Estamos en un escenario de conflicto, con una situación bien dramática en la Región de Atacama, y particularmente en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama”, partió diciendo el secretario de Estado en su intervención.

Sobre las razones que desencadenaron la crisis, Cataldo señaló: “Se ha hablado harto si había corrupción o no, eso se está por determinar, y no nos corresponde a nosotros hacer un juicio respecto a ello, para eso están las instituciones que tienen que hacer las investigaciones”.

“Lo que sí podemos decir es que hay un profundo desconocimiento de cómo funciona el sector público y particularmente el presupuesto del sector público”, aseguró, agregando que se estaban utilizando recursos de programas en otros que no correspondía.

En ese sentido, el ministro apuntó que “conceptualmente estaba correcto, pero administrativamente estaba todo mal hecho”. Y luego añadió: “Uno no puede partir de la presunción de que hay dolo, uno tiene que partir de la presunción de que hay un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema. Y luego las instituciones correspondientes serán las que determinarán si es que hay delito o no hay delito”.

En cuanto a las acciones que se han realizado, Cataldo detalló: “Con mi llegada al ministerio no solo instruimos enviar esta información a las instituciones, sino que además iniciar una auditoría forense. A partir de los antecedentes de la auditoría ministerial se profundiza para llegar a hallazgos en el nivel de responsabilidades individuales. Es decir, llegar a conocer la persona responsable de los procesos donde hubo irregularidades. Porque nuestro objetivo es llegar hasta las últimas consecuencias, porque es francamente inaceptable y no se puede repetir”.

Cataldo después detalló ante los diputados: “Tenemos una crisis de financiamiento y de gestión, donde identificamos nítidamente una rigidez presupuestaria de la gestión de los servicios locales; deudas de arrastre del sistema educacional, no solo previsional, también de proveedores y en materia de infraestructura; insostenibilidad administrativa previo al traspaso (de las municipalidades al SLEP), deterioro histórico de la infraestructura escolar y falta de información actualizada”.