Este jueves se exhuma el cuerpo de Franco Vargas: en qué consiste el protocolo de Minnesota que se aplicará en su autopsia

El pasado 11 de julio el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, conscripto que falleció el 27 de abril de este año, luego de una instrucción militar en la comuna de Putre, en la Región de Arica y Parinacota, sector donde se encontraba realizando el Servicio Militar, en la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco.

Días después de la instrucción del tribunal, se confirmó que el cuerpo del joven será exhumado este jueves a las 10.00 de la mañana. La diligencia orientada a determinar las causas del deceso del soldado conscripto, será dirigida por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Una vez efectuada la exhumación, se efectuará una autopsia al cuerpo, la que debe ser realizada bajo el Protocolo de Minessota. El fiscal carrera aseguró que el procedimiento será realizado esta misma jornada o el viernes 26 de julio, todo dependerá de la disponibilidad de los peritos.

Cuando el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, explicó que el protocolo de Minessota consiste en “una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito”.

En detalle, el protocolo agrupa un conjunto de normas -recomendadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos- para investigar una muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada.

El reglamento, nació como complemento del Manual de la ONU para la prevención efectiva y la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (1991).

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional, el protocolo en su versión actual, que data de 2016, establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación, con el fin de realizar diversos procedimientos forenses al cuerpo, para determinar la causa exacta de su deceso.

La BCN detalla que “tiene por finalidad proteger el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada”.

Agrega que la iniciativa se aplica, específicamente, en tres escenarios: cuando la muerte “puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”; en las ocasiones en que el deceso ocurre “cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes”; y cuando esta “puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida”.