Estos son los cuatro elegidos para el Consejo Consultivo que asesorará al gobierno para aplicar la ley corta de isapres
Este martes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, comunicó en su visita a la Comisión de Salud de la Cámara que la nómina propuesta por el Ejecutivo.
Una vez que fue publicada en el Diario Oficial, la ley corta de isapres que viabiliza el fallo que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso ya está en marcha. Y tal como dice el proyecto, cuando eso ocurriera se tenía que iniciar la creación del Consejo Consultivo especialmente creado para esta oportunidad, el cual tiene como objetivo asesorar a la Superintendencia de Salud el tiempo que dure aplicar la sentencia.
En la ley quedó establecido que este organismo estará conformado por cinco integrantes. Para ello, el Presidente de la República debe proponer al Congreso Nacional, en una sola nómina, cuatro integrantes. Ese listado deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados en votación única, y luego el Senado. Y luego el quinto y último integrante serán designados directamente por el Mandatario una vez que el Legislativo apruebe a los primeros.
Así fue que este martes y durante su visita al Congreso una vez terminado su reposo por Covid-19, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, comunicó los nombres que integrarán la nómina del Ejecutivo: César Cárcamo, Paula Benavides, Claudio Sapelli y Patricio Fernández.
Determinar quiénes integrarían el listado no fue tarea fácil, pues la ley establece requisitos estrictos, lo que acotaba el abanico de opciones. De acuerdo al proyecto, los asesores deben tener extensa experiencia profesional y/o académica comprobada en materias de salud pública, economía de salud o derecho sanitario y su labor es incompatible con cargos públicos y con la participación en las directivas de partidos políticos. Además, se establece una inhabilidad para asesorar a las isapres mientras integren dicho consejo.
De acuerdo a quienes conocieron el proceso de selección, el listado final se armó a partir de las propuestas de los integrantes de la comisión mixta que terminó destrabando la ley corta.
¿Quiénes son los candidatos?
Uno de los primeros nombres en conocerse fue el de Paula Benavides, lo que también resultó en una cara familiar, pues la economista y presidenta ejecutiva de Espacio Público integró la comisión técnica que asesoró a la Comisión de Salud del Senado en la discusión de la ley corta. Además, asistió en diversas ocasiones a exponer frente a los parlamentarios.
Benavides junto a César Cárcamo son los dos nombres propuestos desde el oficialismo. Este último es anestesiólogo en la Clínica Dávila, pero además de su perfil técnico tiene uno político: es militante del Partido Radical, presidente de la comisión de salud de la coalición y jefe del Departamento de Medicina Privada del Colegio Médico.
Mientras, que la oposición propuso a Patricio Fernández, quien fue superintendente de Salud durante el último gobierno de Sebastián Piñera y actualmente es docente del Magíster en Dirección y Gestión Estratégica en Salud de la U. Autónoma.
Finalmente el segundo nombre propuesto por los parlamentarios opositores y que quedó en el listado es Claudio Sapeli, economista y académico del Instituto de Economía de la UC.
¿Y el quinto integrante? Si bien primero deben aprobarse estos nombres propuestos, conocedores de la creación de la instancia dicen que uno de los nombres que se ha comenzado a rumorear es el de Cristóbal Cuadrado (RD), exsubsecretario de Salud Pública y quien recientemente perdió el concurso para ser el nuevo director del Instituto de Salud Pública.
Ahora, conformado el consejo, el Presidente comunicará sus integrantes al superintendente de Salud, Vítor Torres, quien deberá convocar la primera sesión del Consejo dentro de los veinte días siguientes desde que se le comunica su conformación. El Consejo funcionará conforme a las normas que acuerde por mayoría simple en su primera sesión.
Eso sí, las recomendaciones que el grupo de experto emita no serán vinculantes, pero la ley señala también que la Superintendencia deberá justificar de forma “clara y precisa” la circunstancia de no integrar o rechazar las opiniones, pronunciamientos, estudios y propuestas del Consejo, el cual deberá estar a disposición del público a través de su página web institucional en el plazo máximo de treinta días corridos desde que se dicte la resolución.
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