Estudio CEP: RM concentra los robos con violencia y en el sector poniente existe la peor evaluación a Carabineros y municipios

“La distribución comunal del delito en Chile” es el nombre del análisis más reciente del Centro de Estudios Públicos (CEP), el que consideró una serie de factores sobre seguridad y que tuvo como base la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) publicada este año por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde se encuestó a casi 50 mil viviendas de 136 comunas sobre la materia.

A partir de ello y con una crisis de seguridad en desarrollo, los expertos del CEP consideraron los datos recogidos por el organismo estatal en materia de delitos reportados y los que no, para cruzarlos con diferentes factores, como la percepción de inseguridad, la evaluación de las policías y otros organismos públicos.

Antes de entrar en detalle, César Gamarra, investigador asistente del CEP y coautor del estudio, contextualiza y destaca que la información proveniente de la Enusc “descifra de forma más amplia el estado de la delincuencia en el país, que no solamente debiese medirse por los casos policiales, sino también por la fracción de delitos que las personas no reportan y las razones por las que no lo hacen. Además, la Enusc permite medir otras variables que dan indicios de otros efectos que posee el fenómeno de la delincuencia: cambios de comportamiento, percepciones sobre el nivel de delincuencia en el barrio o comuna, medidas que individuos adoptan para enfrentar la delincuencia, evaluaciones de las instituciones en términos de su labor contra la delincuencia”.

Los resultados del informe dan cuenta -entre otros factores- que en el sector poniente de la Región Metropolitana (RM) es donde existe la peor evaluación acerca de la labor de Carabineros en esta materia, en el país, así como también se trata del sector con mayor índice de inseguridad. En ese sentido, según el informe: “La percepción de inseguridad influye negativamente en la evaluación sobre Carabineros”.

Niveles parecidos revelan las comunas de la zona norte del país, que también dan cuenta de un alto temor y de un bajo nivel de aprobación a la policía uniformada, destacando Antofagasta, Calama, Arica, Alto Hospicio y Copiapó como en las que peor se evalúa a Carabineros. Caso contrario es, en general, la zona del extremo sur de Chile, donde la visión positiva sobre la policía es la más alta.

Gamarra también explica que las comunas con mayor incidencia de delitos violentos “no solamente poseen una menor valoración de la labor de Carabineros, sino que es donde menos se confía en las instituciones -PDI, Fiscalía y Ministerio Público incluidas-, y donde la fuente de información sobre la delincuencia en la comuna es la experiencia personal”.

Variables que también se repiten en aquellas comunas que evalúan mal a sus municipalidades en términos de seguridad. Así, el análisis del CEP destaca que los territorios que tienen peor evaluación de sus municipios son los que reportan la mayor inseguridad. En la vereda opuesta de la valoración, es decir, favorable, se ubican aquellos que tienen menos inseguridad y que, en general, pertenecen al sector oriente de la capital: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

“En general, en las comunas de mayor nivel socioeconómico se confía más en las instituciones, se realizan los procesos de denuncia con mayor incidencia. Buena parte de esto puede deberse a los costos de transacción: es menos costoso realizar una denuncia, por ejemplo. Costoso no solamente en términos monetarios, como desplazamiento, sino también de tiempo. Es decir, el costo de oportunidad de denunciar en vez de hacer otra actividad es más alto en comunas de menor nivel socioeconómico”, sostiene Gamarra.

Respecto a la inseguridad como fenómeno, el análisis concluye que “no tiene una distribución homogénea a lo largo de las comunas del país, está desigualmente distribuida. Considerando los datos para 136 de las 346 comunas de Chile, esta inseguridad se concentra en la zona poniente de la RM, en comunas que albergan centros urbanos relevantes de la zona norte, en comunas de la zona sur que han sido afectadas por movimientos etnonacionales, y otras comunas específicas de la zona centro-sur”.

En ese sentido, el estudio explica que “las comunas y zonas de mayor inseguridad parecen estar regularmente asociadas a una presión sistémica derivada de la producción de eventos críticos”. Como ejemplo, pone que “la zona poniente de Santiago muestra mayores niveles de delitos asociados al crecimiento rápido del crimen organizado en los últimos años; comunas de la zona norte han sido especialmente afectadas por la migración masiva que tiene lugar desde 2019; las de la zona sur enfrentan, al menos desde hace una década, eventos permanentes de violencia etnonacional, y la zona centro-sur ha sido fuertemente impactada por megaincendios forestales en 2017 y 2023″.

El investigador del CEP afirma que las consecuencias de eventos críticos “no son solamente inmediatas y fácticas, sino que permanecen y rondan la mente de las personas. Presenciar o sufrir un delito no solamente posee una pérdida material o efectos psicológicos adversos, también tiene influencia en cambios actitudinales y de comportamiento”, como es el no sacar el teléfono en la calle o evitar caminar por lugares oscuros.

Otro de los factores analizados por el CEP se relaciona con cómo los encuestados de la Enusc creen que probablemente serán víctimas de un delito, a pesar de que el índice de victimización -de quienes realmente son víctimas- sea más bajo.

Por ejemplo, el estudio determinó que en comunas como El Bosque, San Bernardo, Talcahuano, Ovalle, San Miguel, Quinta Normal, Lo Prado, San Joaquín, Collipulli y Doñihue, las personas asumen que serán víctimas de un delito violento y no violento. “Esta doble expectativa no solo cambia las conductas presentes, sino que anticipa la sensación de riesgo y peligro a la que la población estará afecta en lo sucesivo, y con ello adapta las conductas futuras a esos riesgos y peligros imaginados”, plantea.

Aquello revela que, pese a que se pudiera tener un control sobre esos delitos, “la percepción de descontrol actual mantendrá las conductas presentes aun si las condiciones cambian”. Eso también, agrega el informe, no solo afecta la sensación de inseguridad, sino que la confianza en las instituciones.

“Influir en la percepción y expectativa de las personas es más difícil aun que disminuir la tasa de ocurrencia de ciertos delitos. Existe evidencia de que caídas temporales en la tasa de delitos no cambian la percepción de las personas. Dicha disminución en la delincuencia tiene que ser continua y persistente para que posea impacto en la expectativa de ser víctima de un delito”, asevera Gamarra.

Tras la construcción de diferentes variables y factores delictuales a partir de la Enusc, el análisis del CEP también determinó que el robo con violencia se concentra en la RM, pero también con algunas apariciones en la zona norte de Chile. Mientras, el extremo sur y la zona centro-sur concentran los delitos de “agresiones y vandalismo”. Esta última además tiene un alto número de delitos de robo a la vivienda y delitos económicos, que también se reportan en la RM.

Pero, más allá de aquello, al ahondar en el robo con violencia, se expone que las comunas que fueron víctimas de este ilícito “poseen una mayor probabilidad de no reportar los delitos violentos sufridos, y de ser víctimas más de una vez”. Esto, a su vez, “posee un efecto sustancial sobre la probabilidad de que más hogares en una misma comuna crean que sufrirán al menos un delito violento en los próximos 12 meses, o perciban más delincuencia en su barrio y confíen menos en Carabineros y el Ministerio Público”.

Por lo mismo, el CEP señala que los distintos tipos de delitos requieren de acciones diferentes, ya que las intervenciones militares hasta ahora se han aplicado en la zona norte, para el control migratorio, y en la Macrozona Sur para el resguardo de infraestructura, pero afirma que en un Estado de derecho “la militarización no es una solución generalizable para el control del orden público”.

En esa línea, concluye que “para la desarticulación del delito son fundamentales los agentes y unidades especializadas de intervención directa en los sistemas criminales, la producción de conocimiento acerca de las dinámicas y fuentes del crimen, y la coordinación con las instituciones públicas y privadas que pueden contribuir a prevenir y mitigar los efectos del crimen”.