Estudio identifica 573 barrios aptos para albergar viviendas sociales

Protestas, críticas y enfrentamientos entre vecinos. Todo eso generó, en julio pasado, la presentación de un proyecto de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas, comuna de Las Condes. La iniciativa, impulsada por el alcalde Joaquín Lavín, reabrió un viejo debate en torno al deseo de quienes viven de allegados: no tener que migrar a la periferia de la ciudad para tener un hogar.

En ese contexto fue que la organización Techo Chile realizó un catastro sobre el equipamiento de servicios públicos presente en 1.085 barrios del Gran Santiago. Así, se determinó si estos serían o no "aptos" para albergar proyectos de viviendas de integración social.

Para medir los índices de equipamiento de cada barrio se analizaron seis factores: educación, salud, seguridad, recreación y cultura, comercio y transporte.

Según la presencia y cercanía de jardines infantiles, escuelas y liceos, centros de atención primaria de salud, Carabineros, bomberos, áreas verdes, ferias, paraderos del Transantiago y estaciones de Metro se evaluó también si un determinado barrio presentaba un nivel de equipamiento "muy bajo", "bajo", "regular", "alto" y "muy alto".

Las distancias establecidas varían desde los 500 a 2.500 metros cuadrados.

Los resultados arrojaron que 573 barrios, equivalentes al 52% del total evaluado, presentan un alto o muy alto nivel de equipamiento, por lo tanto, permiten satisfacer una variedad de necesidades en servicios públicos.

El listado es encabezado por las comunas de La Granja y San Ramón, que tienen en la totalidad de sus barrios los servicios antes mencionados. Le siguen Lo Prado, con un 96%; Pedro Aguirre Cerda, con 93%, y Quinta Normal, que presenta un 86% de sus barrios con estas características.

En la vereda contraria, y para sorpresa de lo que muchos podrían esperar, figuran comunas como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, en las cuales ninguno de sus barrios cumple con estas características. También figuran las comunas de Ñuñoa y Puente Alto, con solo un 6,7% y 11,2% de zonas con un alto nivel de equipamiento.

Para el director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen, la principal conclusión del estudio "es que actualmente, en el Gran Santiago tenemos barrios que presentan una alta población vulnerable, sin embargo, tienen muy poco equipamiento urbano. A la inversa, también hay barrios con alto equipamiento y baja población vulnerable, como Ñuñoa, Providencia y Macul".

Para subsanar este tipo de situaciones, habría que generar incentivos para que agentes, como los alcaldes, no vieran la construcción de viviendas sociales como un problema. "Hoy, las viviendas sociales no pagan impuesto territorial y debería ser todo lo contrario, porque es un desincentivo para los alcaldes", ejemplificó.

En esa misma línea, el director ejecutivo de Techo agregó que los resultados del estudio "muestran que la desigualdad se expresa de manera territorial y aquellos que tienen menos están concentrados en lugares con menos oportunidades".

Distinta es la lectura de la urbanista y académica de la U. Tecnológica Metropolitana (Utem) Suzanne Segeur, quien plantea que "respecto del equipamiento público, este no puede ser construido sin demanda; es lógico que en comunas con menor cantidad de viviendas sociales no exista equipamiento de esta índole".

Además, la académica sostuvo que la presencia de los servicios no es sinónimo de integración. "Es especialmente importante estudiar cuál es el estándar de esos servicios. No es suficiente decir tengo una escuela, cuando el índice de calidad de esta puede estar por debajo de la media".

Walter Imilan, investigador y académico de la Facultad de Urbanismo de la U. Central, acotó que en Chile el concepto de integración no tiene una definición o parámetros establecidos: "En buena parte, se sustenta por la accesibilidad a servicios. En las áreas centrales y pericentrales se puede acceder a mejores servicios. Eso es la base de la política habitacional que se hace ahora y que ha dejado de construir en la periferia".

Respecto del estudio, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo señalaron que los parámetros fijados por Techo son algo restrictivos y destacaron que la cartera ha impulsado proyectos de integración social y territorial, entregando más de 125 mil viviendas y 700 conjuntos habitacionales en todo el país. Para este año, tienen como objetivo construir 20 mil viviendas más.