Ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, a inicios del mes de julio, el abogado Patricio José Silva-Riesco (50 años) presentó una demanda en contra del estudio Philippi Prieto Carriozosa Ferrero DU & Uría (PPU), exigiendo una indemnización por daño moral ascendente a $75 millones.
En la acción detalló una serie de presuntas irregularidades en relación a su salida del bufete, en el cual prestó servicios desde marzo de 2011 a junio del presente año. Para el demandante -que es representado por los abogados Claudio Palavecino y Franco Devillaine-, PPU incurrió en hechos vulneratorios al exponer de manera anticipada las conclusiones sobre una investigación por acoso laboral-sexual en su contra.
Para el abogado, el bufete habría violado la garantía de la reserva de la investigación prevista en su propio reglamento, puesto que el estudio designó un comité de tres personas para investigar la denuncia hecha por su entonces subalterna, cuando -según advierte- la regla indicaba que debía tratarse solo de un investigador.
Respecto del tema, el estudio respondió que cuenta con un protocolo para abordar estas denuncias y, tal y como establece, se llevó a cabo una investigación interna, donde se aseguraron las condiciones de confidencialidad, protección, imparcialidad y respeto que requerían ambas partes.