La situación de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en los últimos años ha sido casi terminal: con la pérdida de la acreditación y el incendio de su sede cerca de Plaza Italia, ocurrida durante el estallido social, el plantel se encontraba al borde del cierre.

Por ello, la Superintendencia de Educación Superior inició en enero una investigación, que terminó con la exigencia al plantel de un inédito Plan de Recuperación, la primera vez que se aplica esta figura. La información está disponible desde ayer en el nuevo Registro Público de Sanciones, que lanzó el organismo fiscalizador en su sitio web.

La investigación concluyó que el plantel -con 5.400 alumnos- tenía un “déficit financiero que no permite garantizar que dispondrá de los recursos necesarios para dar continuidad al proyecto”, ya que su matrícula cayó a la mitad entre 2012 y 2019, disminuyendo sus ingresos de aranceles, a la vez que existía morosidad en el arriendo de cuatro de sus sedes, deudas previsionales y procesos judiciales. Además, se advirtió que la UPV tenía una excesiva dependencia de sus partes relacionadas (como el Preuniversitario Pedro de Valdivia) y que los estados financieros tenían tantas observaciones, que no permitían saber cuál era el real estado de la institución. “La institución se encuentra en riesgo de incumplir sus compromisos”, se lee.

A inicios de agosto, la superintendencia aprobó el plan de salvataje. La universidad lo presentó como un “plan de consolidación”, porque no solo busca mejorar su salud financiera, sino que también iniciará una refundación, que implicó que, hace 20 días, se desligara de sus antiguos controladores, incluido el preuniversitario. Ahora se está constituyendo una nueva asamblea de socios, con decanos, directivos y exalumnos.

En materia financiera, se asegura en el plan, fueron inyectados $ 1.000 millones entre diciembre y enero, aportados por los controladores salientes, y se obtuvo un crédito por $ 2.000 millones, a la vez que se están recortando gastos administrativos y se busca diversificar los ingresos, lo que hoy le permite tener liquidez.

También se comprometió un vuelco en la imagen de la universidad, que implica incluso su cambio de nombre, poniendo fin a la UPV tras 14 años. El rector, Rafael Rosell, explica que consultarán la propuesta de nueva imagen a la comunidad y que el proceso que concluiría en noviembre.

“Cuando llegamos a la institución, en abril del año pasado, nos encontramos con una universidad que no estaba en buenas condiciones, y lo que hemos hecho es tratar de reflotarla en términos académicos y financieros”, dice el rector.

“Acordamos este plan con la superintendencia, pero la mayoría de las acciones que se establecieron ya están cumplidas. El Grupo Pedro de Valdivia ya se fue de la universidad, que ahora es de sus académicos y egresados. Ahora no tenemos conexión con el preuniversitario y eso nos tiene contentos, porque trabajamos la gestión nosotros solos”, explica Rosell.

El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, señaló que la recuperación durará dos años y que estarán monitoreándola. “El plan tiene como objetivo lograr que la universidad pueda continuar funcionando y subsanar por sí misma los problemas que fueron identificados”, dice.

Si en estos dos años la UPV no cumple con las medidas, la ley obliga a nombrar un administrador provisional externo, que intente salvarla. Y si eso tampoco se logra, el plantel cerraría.

Registro de sanciones

Junto con intervenir en esta universidad, la superintendencia también sancionó en los últimos meses a otros siete centros de formación técnica e institutos profesionales por incumplimientos a la Ley de Educación Superior, cuyos resultados están en el Registro Público de Sanciones.

Por ejemplo, se multó al CFT Canon por no entregar a la superintendencia la información sobre actos, convenciones y operaciones con personas relacionadas, sus donaciones y la participación del plantel en instituciones relacionadas. El IP Chileno Británico de Cultura fue amonestado por no haber informado sus donaciones recibidas y la Escuela Marina Mercante Piloto Pardo, por no presentar estados financieros consolidados y auditados.

Jorge Avilés dice que la implementación de este registro de sanciones “es un avance en nuestra tarea de contribuir a aumentar los niveles de transparencia del sistema de educación superior, medida que se suma a otras acciones que la superintendencia ha desarrollado en estos primeros 15 meses de gestión”.