Exjefe de gabinete de Felipe Ward en el radar de la Fiscalía por líos de platas en el Serviu de Valparaíso

Las diligencias del Ministerio Público en razón del denominado caso líos de platas no cesan. En esta ocasión, como quedó al descubierto durante horas de la mañana de este martes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las oficinas del Serviu de Valparaíso para incautar documentación referente a convenios suscritos con las fundaciones ProCultura y Arquiduc.

Como informaron desde la Fiscalía, se trató de una diligencia solicitada por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) y ejecutada por detectives especializados de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), y en medio de la cual -entre varios elementos- se levantaron antecedentes respecto del rol que jugó el exjefe de gabinete del exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI).

Y es que como ya había constatado Contraloría, Gonzalo Vega Moreira fue quien propuso a ProCultura para que suscribiera contratos con la repartición en dicha región. De hecho, de acuerdo con antecedentes que se desprenden del Registro de Colaboradores del Estado, su intervención fue la que llevó a que la ONG comenzara a colaborar con el Ministerio de Vivienda.

Hasta antes de eso, según el mismo reporte, la entidad encabezada por Alberto Larraín sólo registraba transferencias desde organismos vinculados a las culturas, de gobiernos regionales y desde municipalidades.

Por lo mismo, y considerando los reparos expresados por el ente contralor, los investigadores solicitaron mayores antecedentes respecto de cómo se sellaron los contratos con esa entidad.

Además, las pesquisas dicen relación con el papel que jugó Tomás Ochoa Capelli, exdirector regional del Serviu de Valparaíso y quien tras dejar el cargo constituyó la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, la cual luego emitió una boleta por más de $ 17 millones precisamente a la Fundación ProCultura.

Respecto de esto, Contraloría reprochó: “En el desempeño del cargo de director del Serviu de la región de Valparaíso, el actual socio principal de la entidad de Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, señor Ochoa Capelli, solicitó a través del Ord. N° 817, de 21 de febrero de 2022, recursos para la ejecución de los diversos convenios a desarrollarse en la región de Valparaíso, entre los cuales se encontraba el efectuado con la Fundación ProCultura aprobado por la referida resolución N° 2.977, de 14 de diciembre de 2022″.

Y concluyeron: “En razón del cargo desempeñado por el señor Ochoa Capelli, su participación en la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, y, los servicios que presta, puede ser un elemento que configure algún conflicto de intereses y/o infracción al principio de probidad respecto de los funcionarios públicos que se desempeñan en el servicio del cual él fue su Director”.

Este medio contactó a Felipe Ward para consultarle sobre el rol de su excolaborador, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió.

Como se detalló por parte de la Fiscalía, la incautación de documentos también se relaciona con convenios suscritos con Fundación Arquiduc, ya que en ese caso el Ministerio de Vivienda había denunciado hechos que serían constitutivos de delitos el 31 de agosto de 2023.

De acuerdo con la acción -a la cual accedió La Tercera-, en medio de la revisión de los convenios detectaron que Carlos Arévalo Acuña, representante legal de la fundación y director ejecutivo de la misma, “al momento acreditar los gastos efectuados, acompaña la factura N° 222 de fecha 1 de febrero de la Sociedad Abbott y Acuña y CIA Limitada, cuyo correo de contacto corresponde a el mismo”.

Se agrega, igualmente, que “posteriormente, en los meses de mayo y junio de 2021, se emiten las facturas de la Sociedad Deportes San Agustín Rut 76.960.866-3, N°s 26,27,28, 29, 30 y 31 indicándose en 4 de ellas el correo del representante legal de Arquiduc, don Carlos Acuña Arévalo, por un total de $5.400.491″.

O sea, la fundación rendía los gastos con documentos que eran emitidos por entidades donde su representante legal tenía participación.

Esta misma situación, se agregó en la denuncia, también es pesquisada en Rancagua, por lo que desde el Minvu agregaron, conforme a la denuncia, que “la práctica de contratar empresas en las que los directivos de las fundaciones tendrían participación, habría ocurrido también en dicha región, teniendo el agravante de haber participado un funcionario de la Seremi Regional de Rancagua en las negociaciones”.

Frente a las diligencias, el fiscal Claudio Rebeco indicó que se están levantando una serie de antecedentes respecto de cuándo y cómo se fijaron los convenios con ambas fundaciones.

“Efectivamente estamos en una etapa de investigación preliminar. Lo primero en estas investigaciones es poder contar con todas la información documental que permita entender por qué en definitiva se asignan fondos a estas fundaciones”, manifestó el persecutor.

Y agregó que para ello “es muy importante conocer los decretos de asignación de esos fondos, saber a qué ítem presupuestarios se fueron estos fondos, y en aquellos casos en que haya habido rendiciones de cuentas, también es muy importante revisar los documentos que sustentan esa rendición”.