Polémica han generado las palabras que ayer entregó el canciller Andrés Allamand al referirse a la resolución complementada por el Minsal respecto de la campaña de vacunación 2021 que busca inmunizar a la población ante el Covid-19.

En un punto de prensa ayer, el ministro de Relaciones Exteriores expresó que no tendrán derecho a vacunarse los extranjeros que lleguen a Chile en calidad de turista. Esto luego de que un canal de televisión de Perú promoviera en un reportaje el “turismo médico”, un programa que ofrecía vacunación en Chile a cambio de mil dólares.

Pero además, el secretario de Estado manifestó que “tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”. Las declaraciones del ministro generaron rechazo en parte de la comunidad médica y de hecho, el Colmed pidió a las autoridades no marginar de la vacunación a personas que se encuentren en situación irregular: “Hay formas más humanitarias de limitar el ‘turismo de vacunas’”, señalaron.

Hoy, en su cuenta de Twitter, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó las declaraciones de Allamand y sostuvo que “Chile ha asegurado 2,5 vacunas por habitante. Es de todo sentido sanitario, humanitario y para el mejor control de la pandemia inmunizar a los inmigrantes, aunque no sean legales”.

“Dejar un grupo hacinado, empobrecido, como son los inmigrantes, sin vacunar es contrario a la ley y una pésima idea para el bien común”, agregó.

En medio de todo, esta mañana el jefe de Extranjería, Álvaro Bellolio, entregó nuevos detalles, haciendo un contraste con lo que se había afirmado ayer desde el Ejecutivo. Respecto de la política migratoria de Chile, dijo que aquellos que se encuentren ya en el país, independiente de si están o no de forma regular, podrán ser vacunados ya que tienen acceso a salud.

“Los migrantes que están de forma irregular en Chile, por un decreto del año 2016 son Fonasa A, por lo tanto ellos tienen acceso a la vacunación”, indicó.

A través de una carta, nueve representantes de la salud manifestaron su rechazo a las declaraciones del canciller Allamand y a las restricciones, que anunció, se aplicarían supuestamente a la comunidad migrante en situación irregular.

“Esta medida carece de toda racionalidad sanitaria ya que dificultará cortar la circulación del virus, resultando inevitablemente en más contagios y fallecidos. Por otra parte, esta medida carece de racionalidad económica: el costo de una hospitalización por Covid es de varios millones de pesos, mientras que una vacuna es de tan solo dos mil pesos”, sostienen.

La misiva agrega que “esta medida transgrede los derechos humanos y pone en duda la necesaria universalidad de un programa efectivo de vacunación, instalando de facto una discriminación que viene a enlodar un proceso de vacunación contra el Covid-19 que había sido impecable, apoyado por todos y de admiración mundial”.

Así, añaden que “ojalá podamos enmendar este retroceso y completar en forma exitosa un proceso de vacunación a todas y todos independiente de su estatus migratorio”.

La carta fue firmada por los exministros de Salud, Osvaldo Artaza, María Soledad Barría, Carmen Castillo, Helia Molina, Álvaro Erazo, y los médicos y académicos Juan Carlos Said, Francisca Crispi, Cristóbal Cuadrado y Matías Goyenechea.