La Superintendencia de Salud está trabajando desde hace meses en la creación de un IPC de la salud, validado por el Instituto Nacional de Estadísticas, de modo que exista un indicador de carácter referencial, no obligatorio, que tenga como objetivo regular el alza de precios de los planes de las isapres.
Según explicó el superintendente, Patricio Fernández, uno de los grandes problemas que tiene el sistema privado de salud es la excesiva judicialización producto de las alzas de precios de los planes de salud. "Esta alta judicialización está generando un impacto en los recursos públicos, en la eficiencia de los tribunales, y anualmente son miles de millones de pesos que salen del sistema de salud y van directamente a los bolsillos de abogados", dijo.
"Lo que pretendemos es generar un indicador referencial, a partir de que tanto los afiliados como las isapres sepan los porcentajes en los cuales se debe generar la reajustabilidad de los planes", explicó Fernández.
El superintendente aseguró que cuando las isapres informan los precios base, incluyen aspectos que no estarían comprendidos en el índice de salud, como los costos de las judicializaciones. "Hay una distorsión en las alzas y a lo que apunta este indicador es que la alza esté justificada precisamente en las prestaciones netamente de salud y no en otros aspectos ajenos", sostuvo.
Visiones contrastadas
No obstante, el tema genera debate entre parlamentarios y expertos. De hecho, el Consorcio de Universidades que está trabajando en la reforma al sistema de salud planteó ante esta comisión del Senado su percepción negativa sobre el tema.
Héctor Sánchez, director de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y parte del consorcio, explicó que las isapres normalmente usan dos variables para definir sus precios, que son el incremento del costo de las prestaciones y la frecuencia de uso de estas. El problema, según dijo, radica en que la frecuencia de uso de las prestaciones es la que más ha subido y esa sería de cierta forma "responsabilidad directa de las isapres, porque depende del modelo de compra y atención que estas tienen".
El académico aseguró que el 50% del aumento de la frecuencia está relacionado con el modelo de compra y el modelo de atención, por lo que primero se deben cambiar estas dos variables estructurales de la industria. "Si no se regulan, no es posible controlar los costos y el IPC de la salud lo único que va a hacer es básicamente legitimar la ineficiencia que actualmente tiene el sistema. Va a aumentar cada año el costo de la salud y lo que es peor, las personas no van a tener como defenderse".
Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud y actual director de Espacio Público, refuerza la idea: "No es suficiente medir y ser un mero espectador de las tendencias de incremento de costos, sino que lo que se requiere es un mecanismo regulatorio, que induzca a controlar el costo técnico y a que no existan los incrementos que estamos viviendo todos los años".
Según Inostroza, "el IPC de la salud como mecanismo de control de precios resulta ser bastante ineficaz, es más bien un indicador de cómo se mueven las regulaciones existentes".
La mirada de los parlamentarios
Lo mismo planteó Rabindranath Quinteros (PS), presidente de la comisión de Salud del Senado, quien aseguró que "nosotros consideramos que el alza de los planes debe ser trianual, y un IPC de la salud hace que este aumento se genere anualmente, entonces va a ser más que el IPC normal. No estamos de acuerdo, se generaría un alza desmedida".
A diferencia del Senado, el diputado Javier Macaya (UDI) informó que junto al diputado (PS) Juan Luis Castro trabajaron en una propuesta para que el INE realizara un IPC de la salud y la comisión de la Cámara unánimemente planteó este requerimiento al ministerio.
Macaya expresó que "la ley de isapres ha avanzado más lento de lo que hubiésemos querido; por lo tanto, necesitamos tener solución ahora para evitar que las isapres aumenten desreguladamente los precios de sus planes".
El parlamentario argumentó que las cortes deben tener un parámetro, aunque sea desde el punto de vista administrativo, para ver en qué rango de precios se mueven los valores de la salud. "Las isapres no tienen ninguna limitación más allá de su propia voluntad para el aumento de los planes y no existe ninguna justificación. Puede ocurrir que un año los planes no tengan que aumentar y las isapres igual lo hagan", dijo.
