Expertos de la UC critican nueva ley de Patrimonio

A mediados de junio el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley sobre Protección del Patrimonio Cultural, que pretende reemplazar la actual ley de Monumentos Nacionales que data de 1925. Si bien el debate en la Cámara de Diputados no ha comenzado, un documento elaborado por académicos del Instituto de Estudios Urbanos de la U. Católica, que contiene una serie de "observaciones" relativas a la participación de la sociedad civil en la nueva institucionalidad y a los incentivos que entrega, encendió el debate entre los expertos sobre las virtudes y debilidades de la iniciativa.

"Este es un proyecto de ley muy anhelado, porque la regulación actual tiene casi 100 años. Es positivo que modernice la concepción de patrimonio, pero creemos que hay varios aspectos que pueden ser mejorados", afirma Macarena Ibarra, académica del Instituto de la UC.

El proyecto de ley propone tres ejes. El primero es reemplazar el actual Consejo de Monumentos Nacionales por un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que concentre la facultad de la declaratorio, además de la creación de Consejos Regionales del Patrimonio Cultural, que tengan la competencia en temas de gestión intervenciones, registros y salvaguardia.

Luego, amplía las categorías de lo que se considera digno de protección e incluye el concepto de patrimonio inmaterial, como lo son las prácticas y saberes tradicionales, oficios, rituales, el paisaje de interés cultural y los sitios de memoria, principalmente ligados a derechos humanos.

Finalmente, el proyecto promueve la elaboración de planes de gestión, la creación de incentivos tributarios para la protección de monumentos, y crea una vía de financiamiento a través de un fondo susceptible de donaciones culturales.

Según Macarena Ibarra, las principales observaciones de los académicos de la UC van en la línea de "la poca representatividad de la sociedad civil en los nuevos consejos de Patrimonio, principalmente en los regionales y una sobrerrepresentación de órganos del Estado". En el Consejo Nacional habría 17 miembros, 10 de ellos estatales y el resto, representantes de la academia y un integrante de la sociedad civil. En los regionales no existiría este último.

Además, critican la falta de incentivos para el patrimonio inmaterial, ya que "son cruciales para elaborar los planes de gestión", dice.

Para el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, "el objetivo de esta ley es cambiar la mirada de que el patrimonio es el monumento o el barrio, para incluir otras concepciones culturales". Agregó que "esperamos que se dé un buen debate en el Congreso, y vamos a escuchar a todos quienes quieran aportar".

Respecto de los incentivos, dijo que "ya existen en el ministerio otros instrumentos de protección y salvaguardia del patrimonio inmaterial".

La especialista en temas de Conservación de la U. Del Desarrollo, Soledad Ramos, aseguró que es necesario "clarificar cuál será la real aplicación de estos incentivos para que los particulares se entusiasmen con las declaratorias y no se conviertan en un problema, como ha sucedido con algunos monumentos hasta ahora".

Por su parte, el urbanista Iván Poduje destacó que esta ley "viene a solucionar ese cuello de botella que se produce para la inversión, cuando un inmueble está sujeto a la protección".

Según el experto, una de principales debilidades del proyecto de ley es que "no se hace cargo del todo de las paralizaciones de obras de construcción cuando hay hallazgos arqueológicos. Se deben establecer plazos y un plan de manejo en estos casos, porque no puede ser que grandes obras como hospitales, líneas de metro, plazas, queden paralizados por años para después guardar los hallazgos en una bodega.