Expulsarán a tres extranjeros formalizados por venta de licencias médicas

Este miércoles, en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, se desarrolló una audiencia de juicio abreviado contra un grupo de facultativos acusados de constituir una asociación ilícita para comercializar licencias médicas.

Las licencias eran vendidas por un valor promedio de $150 mil pesos y se entregaban por falsos diagnósticos de patologías psiquiátricas, pese a que ninguno de los galenos involucrados era psiquiatra.

Otro grupo de imputados enfrentará un juicio oral. Se trata de los líderes de organización criminal, 12 médicos y cinco personas que operaban como captadores. La audiencia de preparación se realizará el próximo martes 9 de julio.

Rodrigo Varela, abogado querellante en representación de isapres, señaló que desde 2021 a la fecha, un grupo de médicos que operaba en distintas ciudades del país logró vender sobre 76 mil licencias y generó “un perjuicio económico de miles de millones de dólares a la salud de los chilenos”.

“Tenían una estructura piramidal en que estaban los creadores de las sociedades, después había captadores y los médicos que se contrataban exclusivamente para vender licencias médicas a personas que las requerían”, explicó.

La audiencia de este miércoles tuvo lugar en la sala 101, de la torre D del Centro de Justicia, en una modalidad mixta, telemática y presencial.

Esto, en la misma semana en que en el Congreso, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se inició el análisis de un proyecto que modifica la ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objetivo de fortalecer las facultades de organismos reguladores y fiscalizadores. Este martes, la ministra del ramo, Ximena Aguilera, presentó las indicaciones del Ejecutivo a la iniciativa que apunta a modificar los estándares de la Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

El promedio anual de licencias médicas que emite un médico varía entre 105 y 140. En 2023 hubo seis médicos que emitieron 5 mil licencias o más, pero en 2022 esa cifra era mayor, ya que hubo 41 médicos que emitieron ese nivel de licencias, un 0,1% del total.

En este caso, el Ministerio Público y los abogados querellantes están solicitando como sanción inédita, la expulsión del país de tres de los profesionales involucrados.

Los imputados que accedieron al procedimiento abreviado son los médicos:

1. Cristian Andrés Ledesma Vargas
2. Eduardo Enrique Rojas Guerra
3. Julio Cesar Rojas Guerra
4. Brenda Flabiana Pérez Verenzuela
5. María Auxiliadora Yarzagaray Roa
6. Kevin Rafael Pérez Cartagena
7. Harinsson González Murcia
8. Yuranis Yepes Trespalacios
9. Jeferson Paternina Hernández
10. Jaime Pinedo Otalvaro
11. Jhon Robert Noel Villarreal
12. Fabián Lain Velásquez Lugo

Además de la emisión de licencias médicas falsas, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente les imputa los delitos de obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y asociación ilícita.

Respecto de los acusados Pinedo, Noel y Velásquez, por el primer delito se solicitó una pena de 668 días de presidio menor en su grado medio, multa de 50 UTM e inhabilidad para emitir licencias médicas mientras dure la condena, además de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 UTM por el delito de obtención fraudulenta de subvenciones del Estado.

Respecto de los demás acusados se solicitó una pena de 668 días de presidio menor en su grado medio, multa de 50 UTM e inhabilidad de especial temporal para emitir licencias médicas mientras dure el tiempo de condena, por el primer delito, 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 UTM por el delito de obtención fraudulenta de subvenciones del Estado y 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de asociación ilícita.

Adicionalmente se solicitó el comiso de cuatro automóviles, una motocicleta y casi $4 millones incautados.

Como pena sustitutiva se pidió la expulsión de los colombianos Kevin Rafael Pérez Cartagena, Harinsson González Murcia y Cristian Andrés Ledesma Vargas, junto con la libertad vigilada intensiva de los ocho imputados restantes.

El fiscal Miguel Ángel Orellana, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. destacó que las defensas no discutieron respecto a esa solicitud.

“Estas personas van a ser expulsadas del país. Lo que está solamente por definir es en qué lugar y bajo qué condiciones de control van a ser expulsadas. Pero son personas que se han mantenido asociadas al procedimiento durante toda la investigación, con medida cautelar, arraigo y arresto domiciliario total, siguen estando en esa situación y se han presentado”, precisó el persecutor, agregando que la sanción se va a cumplir por la vía administrativa y en el intertanto “lo que se está discutiendo es si implica una internación en un centro penitenciario o va a mantenerse con el sistema de vigilancia que ha tenido hasta el momento”.

En este caso también se investigó a las personas que compraban las licencias, lográndose imputar a 18 personas que entre los años 2021 y 2022, siendo usuarios de FONASA, obtuvieron licencias médicas sin haber accedido a una atención real de salud, con diagnósticos que los médicos emisores no podían constatar y manteniendo reposos injustificados, al comprar los permisos en los diversos centros médicos involucrados y detectados. Los acusados emitieron para ellos un total de 280 licencias médicas fraudulentas, de las cuales 249 generaron un perjuicio al Estado como consecuencia del pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente, correspondiendo a un monto de $194.155.140.

El fiscal Orellana resaltó que “van a haber cerca de 14 o 15 personas que van a llegar a juicio oral, sobre todo aquellos que estaban en la parte superior de la estructura criminal y que, además, eran las personas que mayor cantidad de recursos obtenían en virtud de estos delitos cometidos por la asociación”.

“El esfuerzo de persecución penal desde la perspectiva patrimonial está radicada en el juicio oral. Ahí tenemos una importante cantidad de medidas cautelares respecto de dinero en efectivo, dinero que se encuentra alojado en cuentas corrientes, que se encuentran congeladas, digamos, con prohibición de realizar movimientos en los bancos en que los imputados tenían sus recursos y, además, y esto también es inédito, las medidas cautelares reales respecto de inmuebles en el extranjero”, señaló el fiscal.

En esa línea, se coordinó con la Fiscalía de Colombia y también con las unidades de extinción de dominio que existen en dicho país para establecer medidas cautelares reales respecto de esos inmuebles comprados con dinero proveniente de los delitos.