El tercer vuelo de expulsiones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) despegó este sábado a las siete de la mañana desde Santiago, luego aterrizó cerca de las nueve en Iquique, donde abordó el último grupo de migrantes con antecedentes de crímenes violentos: 22 son de nacionalidad colombiana, 5 ecuatorianos y 2 de nacionalidad dominicana.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer señaló que fueron 29 las personas expulsadas con destino a Ecuador, República Dominicana y Colombia. Además, detalló que en lo que va del año han materializado 821 expulsiones; 265 administrativas y 556 judiciales. Thayer, indicó que es la cifra más alta de expulsados en comparación a 2020, 2021 y 2022.
Y advirtió que “este tipo de procedimientos corresponde a una política migratoria, y las autoridades han sido sumamente claras, las personas que han venido a aportar van a poder permanecer y aquellas personas que cometen delitos van a tener que irse por las buenas o por las malas”.
Al ser consultado por el vuelo con destino a Venezuela, que no fue autorizado por el gobierno del país vecino, respondió que “las personas que estaban programadas para ser expulsadas administrativamente en ese vuelo ya han salido todas las que no tienen recursos. De las doce personas para expulsar administrativamente, cuatro tienen recurso y ocho ya fueron expulsadas”.
Con respecto a las fiscalizaciones en las fronteras, informó que han reconducido sus países de origen a más de 6 mil personas que intentaron ingresar irregularmente a Chile. El jefe de Migraciones, también indicó que entre 2022 y 2023, 13 mil personas que ingresaron irregularmente al país, han solicitado al Servicio Nacional de Migraciones una autorización de salida y se la ha concedido, imponiéndoles al mismo tiempo una prohibición de ingreso.
El prefecto inspector Christian Sáez, jefe de Migraciones y Policía Internacional de la PDI manifestó que los expulsados judiciales “son personas que fueron condenadas y los delitos en general son delitos violentos: porte ilegal de arma, robo con intimidación, robo con violencia, además de receptación y otros”.
En cuanto a las expulsiones administrativas son principalmente por ingresos clandestinos, residencia irregular, y delitos sancionados por la Ley 20.000.
Gobierno endurece el tono con las expulsiones
Tras el alza de crímenes violentos durante las últimas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una serie de iniciativas legislativas para agilizar las expulsiones y a su vez, fortalecer el rol de las policías.
La autoridad señaló que la propuesta contempla acortar los plazos de apelación en el caso de las expulsiones. La medida busca que tengan un período de cinco días y no diez, como lo es actualmente. Esto para que coincida con el mismo tiempo que tiene la Policía de Investigaciones (PDI) para mantener a las personas detenidas y proceder a la expulsión.
Además, dentro de la misma batería legislativa que presentarán esta semana, impulsarán nuevas facultades para la PDI. Monsalve indicó que “cuando se resuelve la expulsión de un ciudadano y la PDI tiene que ir a buscarlo, no tiene facultades legales para entrar al domicilio, o sea, a pesar de que sabe que esa persona está en un domicilio, no tiene facultades legales para entrar, por tanto, si la persona no sale en tres días, la PDI no puede detenerlo para ejecutar la expulsión”
