Falsificación de firmas y “excesivo” uso de dinero en efectivo: los detalles de la maratónica formalización de Camila Polizzi
Ayer se realizó la segunda audiencia por el caso donde la fiscalía acusa a la excandidata a alcaldesa de Concepción por varios delitos de corrupción. Misma indagatoria donde también están imputados Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Todos quedaron con arresto domiciliario total.
Una nueva y extensa audiencia de formalización por los líos de platas, en su arista Fundación en Ti, se registró este jueves en el Juzgado de Garantía de Concepción.
La fiscalía retomó su imputación contra Camila Polizzi Fonseca, Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina por haber defraudado en más de $250 millones al Gobierno Regional del Biobío mediante una fundación que supuestamente fue “arrendada” a su titular. El Ministerio Público imputó los cargos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Martínez y Acuña fueron acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco.
Esta vez fue el turno de la fiscal de Anticorrupción, María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad, quien detalló el modus operandi de Polizzi y compañía. Tal como se indicó ayer, a mediados de 2022 Polizzi acudió al Gore con su Fundación Conce Solidario para postular a los fondos concursables para fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, se le señaló que no contaba con el tiempo de antigüedad que se requería. En la fundación Conce Solidario, la presidenta era la madre de Polizzi, mientras que la imputada figuraba como secretaria.
Acuña y Martínez le sugirieron que buscara una fundación que sí tuviera la antigüedad y volviera a presentar su proyecto. Fue ahí cuando también se les recomendó utilizar una Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) para “tercerizar actividades a ejecutar de la fundación”. Luego de eso, dieron con la Fundación en Ti, que funcionaba desde 2017 y que se dedicaba a realizar actividades para niños.
Gerardo Silva y su firma “falsificada”
De acuerdo a la fiscalía, la pareja, Polizzi y Polanco, se aprovecharon de la “notable discapacidad intelectual” del presidente de dicha fundación, Gerardo Silva Salinas. De hecho, la fiscal puntualizó en ese punto. Según dijo, Silva mantenía un certificado acreditando su “discapacidad intelectual”. Asimismo, haciendo un perfil de Silva, dijo que se “mantuvo toda su infancia institucionalizado en el Sename” y que su forma de “retribuir” a la sociedad era mediante una fundación para realizar actividades para menores de edad. La fundación, eso sí, no tenía recursos.
Con el fin de “ir tomando posesión y dominio” de la Fundación en Ti, y poder postular a los fondos concursables, Polizzi habría falsificado la firma de Silva Salinas, quien, aseguró la fiscal, no sabe leer. Según se dijo, habrían llegado a un acuerdo de pago de $10 millones para concretar el traspaso.
La fiscal argumentó la acusación de la falsificación de la firma con dos puntos: en una de las incautaciones que realizó la policía le decomisaron un teléfono celular donde mantenía una aplicación para editar documentos. El otro punto fue una agenda, con una portada de El Principito, donde la excandidata a alcaldesa de Concepción habría practicado la letra y la suplantación de la firma de Silva. Dicha agenda fue ubicada en la casa de la mamá de Polizzi.
La fiscal también señaló que se le incautó un currículum vitae a la imputada donde se señalaban sus competencias “en nivel intermedio” en programas de edición, como Photoshop. La persecutora señaló que, al ser consultado, Silva señaló que no realizó alguna firma para aprobar el uso de su fundación. Afirmó no saber lo que era una firma electrónica.
El dinero
Una vez que Polizzi comenzó a recibir fondos del Gore, comenzaron a realizar varios giros en efectivo por caja. “El mismo día que se transfieren los recursos, el mismo día se están transfiriendo por caja casi siete millones de pesos. Dos días después, $15 millones. El primer acto que realiza Camila Polizzi Fonseca una vez que recibe los fondos es algo que repite durante los meses de supuesta ejecución del convenio”, argumentó la fiscalía.
Camila Polizzi abrió una serie de cuentas corrientes, dijo la fiscal. La primera fue el 16 de noviembre en el banco BCI, casi dos meses antes de la primera transferencia del Gore. Para efectuar el lavado de activos, delito por el que se les acusa, la fiscal dijo que efectuaron el “pitufeo”. Esto consiste en “estratificar” un gran monto en “pequeñas” transferencias a un usuario. “Es una tipología propia del lavado de activos”, dijo la fiscal. Siguiendo con la argumentación sobre el lavado de activos, la persecutora afirmó que realizaron un “excesivo” uso de dinero en efectivo. Así las cosas, dijo que la exmodelo compró un auto marca Changan que dejó a nombre de su madre.
Siguiendo con el relato, la fiscal señaló que, mediante la OTEC Flumisal, propiedad de Sebastián Polanco, expareja de Polizzi, falsificó la ejecución de capacitaciones. Dichos actividades nunca se efectuaron.
En la audiencia se presentaron dos audios, dados a conocer por la prensa anteriormente, donde se escucha, primeor a Polizzi hablando con Gerardo Silva, y luego a Polizzi con los demás acusados. En el segundo se puede escuchar que los imputados planificaban entregar “un cartón” a los supuestos capacitados. En una parte del audio, puso énfasis la fiscal, uno de los participantes le dice a Polizzi “tú falsificai (sic) firmas”.
Ayer la fiscal Marcela Cartagena informó que otras tres personas serán formalizadas en esta causa en los próximos días. se trata de Tamara Vidal, ex funcionaria del Gobierno Regional; Matías Godoy, de la OTEC Frumisal, y Eduardo Quezada, quien participó del convenio con su consultora EQOS. El escrito para concretar la formalización fue presentado el miércoles 29 de noviembre.
La defensa de Polizzi
Luego de un receso para almorzar durante la jornada del jueves, la audiencia se retomó a eso de las 15.10. A esa hora fue el turno de Pablo Ardouin, abogado de la Defensoría Penal Pública que representa a Polizzi. El profesional afirmó que la fundación guiada por Polizzi sí realizó actividades, lo que la fiscalía había dicho que no ocurrió. “Probablemente, pueden haber algunas actividades que no se realizaron de la forma que tenían que realizarse o se realizaron de forma imperfecta, pueden haber nóminas que no existen o están incompletas, pero cuando se dice que estas nóminas son todas falsas, bueno demuéstreme cada una de ellas si esto es así. Y esto creemos que no se ha acreditado por parte del Ministerio Público”.
El abogado afirmó: “Es un error ponerla de esa forma. ¿Cuál es el pecado de doña Camila en esto? Es tratar de esforzarse en hacer las cosas. Sí, pueden haber pecado en los temas administrativos, pero pintarla prácticamente con estereotipos de que si fuera una persona que va manipulando a todas estas personas a su alrededor, no corresponde”.
“Doña Camila ha tratado en estos hechos de hacer la manera que ella puede o entiende lo mejor posible para los vecinos de Barrio Norte, como los mismos dirigentes vecinales señalan. Creemos que cuando el Ministerio Público cuando pretende acreditar la defraudación tiene que acreditarlo con antecedentes”, agregó.
“Doña Camila es una madre, que ha tratado de salir adelante y que lo único que ha pretendido es ayudar a los vecinos del Barrio Norte”, aseguró.
Por su parte, el abogado Jaime Pacheco, de la Unidad de Estudios de la Defensoría, y quien presta colaboración en la defensa de Polizzi, cuestionó la imputación de estafa: “Para configurar una imputación a título de estafa no es suficiente con analizar la conducta del hechor. Sino que también se debe analizar las características de la contribución de la propia víctima. El acto de disposición patrimonial realizado por error que le genera un perjuicio patrimonial”.
“La regla general en materia de fraudes es que el primer encargado de la autoprotección de esos bienes jurídicos, de esos intereses patrimoniales, es la propia víctima. Y esto en la estafa es muy relevante”, agregó.
Luego, siguiendo su hilo argumental, dijo que si no había estafa, no había lavado de activos.
Finalmente, tras una audiencia que se extendió por más de 13 horas, el juez Iohan León rechazó la petición de prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los cinco imputados.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.