Cerca de $ 100 millones han desembolsado los familiares de Felipe Osiadacz (27) y Fernando Candia (30), los chilenos condenados a dos años de prisión por la muerte de la mujer trans Yusaini Bin Ishak, ocurrida el 4 de agosto de 2017 en el hall de un hotel en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

La cifra, entregada por miembros de ambas familias -que prefirieron no emitir declaraciones-, incluye diversos gastos en los que han debido incurrir en los casi 500 días que se ha prolongado el proceso.

Los ítems considerados en este monto se desglosan en los honorarios de la defensa, exámenes médicos y lo que involucra cada viaje a Malasia, que, en promedio, demanda una estadía de una a dos semanas, además de pasajes, movilización y alimentación. Todo, con recursos propios, provenientes de ahorros y negocios que han tenido que levantar durante este tiempo.

Y la situación se puede prolongar, estiman, entre ocho meses y un año más. Esto, luego de que el jueves pasado el Ministerio Público malasio presentara un recurso de apelación, por considerar insuficiente la sentencia dictada por la justicia el pasado 15 de noviembre, luego de que los chilenos se declararan culpables de homicidio culposo. Anteriormente, estaban procesados por asesinato, delito con el que incluso arriesgaban la horca, según el código penal malasio.

La fiscalía había ofrecido la reformulación de cargos a cambio de tres años de cárcel, pero el juez del caso tomó la decisión de sentenciarlos a solo 24 meses de presidio, de los cuales, debido al buen comportamiento, alcanzaron a cumplir poco más de 15 meses.

Así, el pasado martes fueron dejados en libertad y trasladados desde la cárcel Sungai Buloh hacia el recinto penal para inmigrantes de Semenyih, a la espera de que les entregaran sus visas, que regularizan su estadía en el país asiático. Finalmente, bajo un gran hermetismo, Candia y Osiadacz dejaron el recinto, a la espera de la resolución judicial.

Sin embargo, tras la apelación de la fiscalía, los chilenos deberán mantenerse en Malasia, a la espera del próximo juicio.

De momento, los familiares descartan una petición formal de ayuda a la Cancillería y no han pensado en realizar campañas para financiar la extensión de la estadía. Aún deben decidir, además, si los jóvenes pasarán el incierto plazo restante en un hotel o si arrendarán una casa o departamento, y también si durante este tiempo algún otro cercano los acompañará. Otro elemento a evaluar es si permanecerán en una ciudad o si irán rotando los destinos.

En tanto, el canciller Roberto Ampuero señaló que "es una buena noticia que los dos compatriotas chilenos en Malasia puedan enfrentar en libertad la etapa que resta". "Sabemos que el proceso aún continúa, que las situaciones y decisiones del tribunal pueden ir variando según avanza el proceso", agregó.

La autoridad, además, dijo que "nuestro consulado en Kuala Lumpur ha prestado la asistencia necesaria, ha estado en contacto directo con ellos y con sus familias. Quiero reiterar: no los hemos dejado solos".