Familiares de reos de Punta Peuco piden a la Suprema no ceder ante "presiones indebidas de otros poderes"

Miembros de la Corporación 11 de Septiembre y familiares de reos de Punta Peuco y Colina 1, entregarán durante esta jornada una carta al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, manifestándoles su preocupación ante la "presión" que han recibido de parte de quienes se oponen a la entrega de beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En la misiva de dos carillas, firmada por el abogado Raúl Meza y Loreto Iturriaga, muestran su "pavoroso y avergonzado sentimiento de profunda preocupación", ante la forma en que "un sector minoritario, intolerante y violentista se arrogue una superioridad moral para defender los derechos humanos que ellos mismos vulneraron con las más absoluta impunidad judicial".

"Lamentamos que un grupo de parlamentarios de izquierda haga un uso político indebido de un instrumento constitucional para cuestionar la labor jurisdiccional que realizan los jueces, vulnerándose, a nuestro juicio, la autonomía e independencia del poder judicial", agregan, haciendo referencia a la acusación constitucional que presentarán esta jornada algunos parlamentarios en contra de ministros del máximo tribunal.

Como manifiestan  en el escrito, los jueces han sido objeto de "injustas e inmerecidas amenazas y coerciones", solo por el hecho de haber fallado "con el mas irrestricto apego a la ley nacional y a los convenios internacionales ratificados y vigentes en nuestro país".

Teniendo en cuenta esto, piden a los ministros no renunciar en su trabajo de defender el "orden constitucional y legal", por "temor e incertidumbre o por presiones indebidas de otros poderes del Estado". "Queremos decirles que sigan cumpliendo irrenunciablemente con el juramento y promesa que hicieron al asumir su cargo de jueces, esto es, la de administrar justicia sin importar a quién, tratando por igual a ricos y pobres, y de cumplir y ejecutar fiel e imparcialmente las obligaciones que le correspondan de conformidad con la Constitución y las leyes", platean.

En entrevista con La Tercera, la hija de Raúl Iturriaga Neumann, Loreto, valoró la determinación de la Corte de otorgar libertades condicionales a condenados por violaciones a derechos humanos, por cuanto "se ajusta estrictamente a los requisitos objetivos que establece la ley. Su fallo se ajusta plenamente a derecho, haciéndose justicia para aquellos internos de Punta Peuco que por muchos años se les privó arbitrariamente del derecho que tienen a su libertad condicional".

En ese sentido, espera que esta sea una postura que se mantenga en el tiempo, para que así "se le pueda conocer la libertad a mi padre que, según así lo dispuso el año pasado una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, otorgándole por unanimidad la libertad condicional, sin embargo la Corte Suprema le negó el beneficio".

Considera que quienes se oponen al otorgamiento de estos beneficios, han tomado una "actitud intolerante y beligerante". Pese a que estos les puedan resultar desfavorables a sus intereses, hace presente que "los fallos en un estado de derecho deben ser respetados, de manera que ningún sector político puede amenazar y amedrentar a los jueces con acusaciones constitucionales infundadas".

"Es muy grave y reprochable la conducta que han tenido los parlamentarios de la izquierda frente a la labor de los jueces", comenta.

Teniendo en cuenta el amplio debate que se abrió tras los dichos del exministro de Justicia, Mauricio Rojas, frente al Museo de la Memoria, y que incluso le costaron su salida del gabinete, la corporación y los familiares de los condenados por DD.HH., aprovecharán su visita al máximo tribunal para promover el "Museo de la Verdad" que sería inaugurado el próximo 11 de septiembre.

Frente a este debate, Loreto Iturriaga sostiene que efectivamente "la historia de los derechos humanos en Chile se sigue escribiendo solo y únicamente con la mano empuñada de la izquierda, con lo que se renuncia a condenar esa verdad histórica de la violencia política y armada que intentaron imponer en nuestro país las ideologías totalitarias".

"La verdad siempre tiene dos caras y aquí en Chile solo se ha mostrado una, la de la izquierda victimizada y perseguida por los agentes del Estado del gobierno militar, pero se omite intencionalmente que durante la Unidad Popular teníamos un gravísimo quiebre institucional y una violencia generalizada que dañaba la convivencia democrática, exigiéndoles a las fuerzas armadas restablecer el estado de derecho y la institucionalidad", comenta, manifestando que efectivamente se requiere que se conozca "toda la verdad".

De esta forma, agrega que respeta "el legítimo derecho que tienen los familiares de las víctimas para tener un lugar para recordarlos, sin embargo, creo que el mismo derecho tienen las familias de las víctimas civiles y uniformadas que fueron asesinados y desaparecidos a manos de las organizaciones terroristas de izquierda que operaron durante el régimen militar. De ahí la importancia de crear un Museo de la Verdad que dé cuenta que en este país murieron civiles y uniformados inocentes sin ninguna militancia política producto de la violencia de guerrilleros".

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, con la apertura de un "Museo de la Verdad", se estaría haciendo una verdadera "apología al genocidio".

"Lo que está pasando con este grupo de extrema derecha es que se intenta se reivindicar el genocidio. Se presiona para que en Chile se naturalice los horrores que se cometieron durante la dictadura. Se ha llegado a tal nivel que se hace urgente legislar sobre el negacionismo", asegura.

Pizarro no se opone a que los familiares de condenados por crímenes de lesa humanidad los visiten, pero lo que cree que no se puede hacer bajo ningún punto de vista es "tergiversar la historia y justificar el golpe de Estado. Eso es una barbaridad".

Ante esto, llaman a un "boicot contundente" y a poner el debate en el centro, ya que acá "nadie se ha detenido a pensar lo que significa para quienes sobrevivimos a la dictadura enfrentarse a canalladas como estas. Nadie piensa en quienes tenemos que escuchar estas aberraciones. No se puede aceptar bajo ningún punto de vista que se reivindique lo que hicieron".

"Este país es un país enfermo, ya que no tenemos asegurado el respeto a los derechos humanos. El llamado a la gente es a rechazar y buscar formas para que iniciativas como estas no prosperen, hay que legislar el negacionismo", sostiene.

Por su parte, Cecilia Heyder, víctima de la dictadura y activista por los derechos humanos, considera que un "Museo de la Verdad" viene a ratificar una situación que en el país es clara: "en Chile se relativiza la memoria y la justicia"

"Si hacemos un Museo de la Verdad, como lo llaman ellos, ¿que irá? ¿Pinochet? Supongo que irán imágenes cómo torturaba o cómo lanzaban a la gente al mar. Ese es un museo de la verdad ¿O simplemente mostrarán cómo robaban el dinero o cómo se reunían a hacer los pactos de silencio?", se pregunta.

Para Heyder, antes de comenzar a hablar de este tipo de museos, es necesario que "primero nos digan dónde están. Empiecen por romper el pacto de silencio".