La muerte del bombero voluntario Leandro Espinoza Salazar (26), baleado por un funcionario municipal en La Reina durante el fin de semana tras un confuso incidente, no solo generó conmoción pública. También reactivó -y tensionó- el debate más controversial del proyecto de Ley de Seguridad Municipal: la autorización del uso de armas no letales para inspectores municipales.

El hecho ocurrió el sábado, cuando el funcionario respondió a una denuncia por desórdenes en la vía pública. En circunstancias aún bajo investigación, disparó un arma de fuego particular, hiriendo a cuatro personas. Espinoza falleció en el Hospital Militar. El inspector fue formalizado por homicidio, separado de sus funciones y quedó con arresto domiciliario.

Desde la Municipalidad de La Reina afirmaron en ese momento que el actuar del inspector “no se ajustó a ningún protocolo”, por lo que iniciaron un sumario administrativo y anunciaron una querella criminal. El alcalde de la comuna, José Manuel Palacios (UDI) -quien ha sido uno de los impulsores del uso de armas no letales- evitó referirse a las consultas de La Tercera sobre cómo esto impacta el avance del proyecto de Ley de Seguridad Municipal.

El tema es que el caso se da justo en medio de esa discusión. Quienes defienden el uso de armas no letales lamentan el timing del suceso y cómo este podría torpedear sus aspiraciones, mientras que quienes se muestran en contra dicen que este es un ejemplo de lo que podría ocurrir al dotar a personas no preparadas, aunque no letales, de armas.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), advierte que a su juicio “la discusión de las armas no letales es legítima, pero requiere tiempo y estudio. Hacerlo mal puede traer muchísimos problemas”. Por lo mismo, pidió avanzar en lo que sí genera consenso: otorgar facultades y resguardo a los patrulleros municipales, “porque eso se necesita hoy, no mañana”.

De hecho, ya desde antes del suceso del fin de semana desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, encabezada por Carolina Leitao, han intentado revertir esa indicación. Según explican, habilitar el uso de estos dispositivos podría derivar en hechos como el ocurrido en La Reina. Por lo pronto se está evaluando una estrategia para frenar esa parte del proyecto en la Cámara Alta, pero sin demorar el despacho del resto de la iniciativa.

En ese sentido, el senador Manuel José Ossandón (RN) asegura que “lo ocurrido en La Reina no tiene ninguna relación con el proyecto que discutimos en el Senado”, sumando que se trató de un acto individual: “He visto al gobierno intentar usar este hecho como argumento para negar herramientas de defensa, lo que me parece inaceptable”, dice. Y cierra: “Lo que defendemos es el uso de pistolas paralizantes como las taser. Es fundamental ser serios en esta discusión”.

Del mismo modo, el senador Juan Luis Castro (PS) defiende avanzar en esa implementación, pero con estándares claros: “El uso de armas no letales por parte de carabineros e inspectores municipales va a requerir acreditación, capacitación y un uso calificado. Muchos países ya están usando este tipo de instrumentos”, sostiene, aunque de todas maneras advierte que “los guardias municipales deben subir su estándar y tener atribuciones para evitar llegar al extremo del uso de armas de fuego”.

En una línea similar, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), si bien califica lo ocurrido como “doloroso e inaceptable”, asevera que “sería un error que este caso echara para atrás el proyecto”. Y ahonda: “Lo que se necesita son guardias capacitados, con elementos de protección y protocolos bien definidos”.

Como se ha visto desde el inicio de la discusión, particularmente esta ha sido una que ha ido más allá de oficialismo y oposición en cuanto a posturas. El uso de armas letales ha encontrado apoyos y detractores en ambas veredas. Y viceversa.

El senador Esteban Velásquez (FRVS) cuestiona directamente la indicación: “Jamás he estado de acuerdo con autorizar el uso de estas armas”. Y añade: “El uso de un arma implica una formación, preparación y filosofía distintas. Eso es otra institucionalidad. No basta con capacitaciones exprés a inspectores municipales”.

Una mirada similar es la de la máxima autoridad de Las Condes, Catalina San Martín (ind.), quien rechaza el uso de armas no letales y asegura que “no van a solucionar los problemas de fondo de la seguridad”. A su juicio, “la seguridad municipal puede aportar mucho sin incorporar armas, pero se requiere voluntad política para dotarla de herramientas útiles”.

La visión es compartida por la primera vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS): “Nuestro rol como municipios es preventivo. El uso de armamento reviste complejidades legales y requiere asignación de recursos y capacitaciones costosas”.

Sin embargo, en el mundo municipal las miradas también son variadas. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), recalca que su postura no ha cambiado: “Nunca hemos propuesto armas de fuego. Lo que necesitamos es armamento no letal, con protocolos y capacitación”.

Mientras, el edil de Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind.), defiende el fortalecimiento de las capacidades municipales: “El rol acá es mejorar la fiscalización de aquellos que ejercen la seguridad municipal”, agregando que “no hay que seguir desvistiendo el rol que juegan los municipios en esto”.