Felipe Harboe: “En materia de seguridad, una buena gobernanza exige que los gobernantes hagan lo que es correcto, no lo popular”

Subsecretario de Carabineros con Ricardo Lagos y del Interior con Michelle Bachelet, Felipe Harboe (51) se ha mantenido ligado a temas de seguridad desde la academia, en el directorio de Fundación Paz Ciudadana y como miembro de un grupo internacional de exautoridades relativas al tema. Desde esa vereda analiza la crisis que atraviesa el país después de una semana marcada por al menos 18 homicidios, lo que, asegura, tiene amenazado al sistema democrático chileno. “La ciudadanía observa que sus gobernantes no son capaces de resolver y comienzan a explorar alternativas no siempre democráticas”, dice.

¿Cómo caracterizaría la crisis?

Los delitos que se cometen no son los de hace 5 años. Se han incrementado niveles de violencia y se han generado modus operandi que la institucionalidad pública no es capaz de enfrentar. Y a nivel internacional la imagen de Chile se ha visto afectada.

¿A qué atribuye que no se haya logrado poner freno?

En Chile no existe un sistema de seguridad, existen instituciones que participan de seguridad. Y por la incapacidad política de hacer las reformas. Las reformas en materia de seguridad no siempre son populares, pero hay que hacerlas. No ha habido valentía política para enfrentar las reformas.

¿Qué falta para actuar ya?

Hay problemas de convicción de la autoridad, que prefiere muchas veces mantener un discurso que pasar a los hechos. Hay problemas de capacidad y las tensiones internas son fuertes. En el gobierno existe una visión buenista y simplista del fenómeno de seguridad y delincuencia, y desconocimiento del crimen organizado.

¿Ve que Chile tiene “ventajas comparativas” para la migración?

Sin duda. La migración va hacia aquellos lugares con mejor expectativa de vida, y Chile lo ofreció durante muchos años. El problema es que la masificación descontrolada de la migración generó frustración de esa expectativa. Y hay otros que vienen a hacer del crimen una actividad económica porque observaron ciertas vulnerabilidades institucionales. Cuando se instalan buscan atractivos, como escaso nivel de control de ingreso y salida, vulnerabilidades legales, escasas capacidades de inteligencia, falta de coordinación interinstitucional, y adicionalmente la ubicación de espacios de vulnerabilidad social.

¿Esta crisis es solo atribuible al factor migratorio?

Ha sido determinante en dos aspectos: ha llegado a Chile gente que no sabemos sus antecedentes y, por efecto imitación, la importación de modos operantes que nos eran muy ajenos. El delincuente chileno siempre tuvo, entre comillas, una especie de código, una proporción entre el daño y el bien obtenido. El centroamericano, no. Por un cigarrillo mata, por una venganza dispara.

¿Cuán relevante debiese ser la colaboración con los países vecinos para atacar este fenómeno?

Hay una necesidad de que el Presidente Boric utilice su investidura para convocar a un acuerdo regional que se haga cargo de la migración, un fenómeno que llegó para quedarse.

¿Ha faltado mayor proactividad?

Sin duda ha faltado liderazgo. Pero también ha faltado coraje. Hay un buenismo instalado, particularmente en la izquierda, que ve con malos ojos cualquier control migratorio o cualquier sistema, incluso de expulsión, de aquellos que se niegan a entregar antecedentes o verdaderas identidades.

Hay voces que piden estado de sitio y militares, ¿es partidario?

Declarar un estado de excepción constitucional por razones de seguridad interior significa asumir institucionalmente que Carabineros no pudo con la labor que le encomienda la Constitución, y es encomendable a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), labor para la cual no han sido formados; están formados para eliminar al enemigo, no para disuadirlo. La solución no va por ahí y puede ser un clamor popular, pero en materia de seguridad una buena gobernanza exige que los gobernantes hagan lo que es correcto, no lo popular.

¿Lo ve inoficioso?

La experiencia brasilera en la favela o la mexicana habla de que el delincuente, al enfrentarse a militares con armamento, empieza a adquirir el mismo armamento. Y cuando pretendes retirar las FF.AA., ¿vas a dejar a la policía con armamento corto y a los delincuentes con armamento largo? Lo que también se produce es que comienza a desnaturalizarse la función militar. La solución no pasa por un estado de excepción, sino porque se hagan bien las cosas, que saquemos a todos los carabineros que están cumpliendo otras funciones -investigativas, escoltas, de notificaciones- y tienes 10 mil funcionarios más, y eso cambia completamente el escenario.

¿Cuándo se debe recurrir a los militares?

Las FF.AA. tienen una posibilidad de cooperación, principalmente logística y de inteligencia, mas no operativa.

¿A los privados les cabe algún rol en esta crisis?

Uno muy importante. Si se tuviese una integración de los sistemas de televigilancia que hay en centros comerciales o autopistas con las bases de datos de los prófugos de la justicia... Lo que se requiere es intercambio oportuno.

¿El sistema carcelario chileno favorece el crimen organizado?

Tenemos un 20% de sobrepoblación penal. El problema está en que muchas veces las decisiones de los gobiernos están siendo condicionadas por lo que dicen las redes sociales. Nadie quiere tener una cárcel cerca de su casa, pero tenemos que tener cárceles para evitar la sobrepoblación, para tener control real de la población penal, de forma de que no sea como es hoy día un verdadero call center criminal.

A propósito, el gobierno anunció una nueva cárcel.

El Presidente no puede, a tres años de su gobierno, anunciar una cárcel para paliar una crisis de esta magnitud. Una cárcel era obvio que tenía que hacerse el primer año de gobierno. Es mejor tarde que nunca, pero es completamente insuficiente.

La oposición ha comenzado a pedir renuncias en Interior. ¿Ve responsabilidad política?

Evidentemente hay responsabilidad política. El subsecretario de Prevención -la ministra llegó después- diseñó un camino y a tres años de ese diseño es evidente que hay un fracaso. Dijeron que este era el presupuesto más alto de la historia para la seguridad y tenemos la mayor tasa de criminalidad de la historia. La pregunta es en qué se están gastando esos recursos. Hay que terminar con los programas piloto y concentrarse en iniciativas basadas en evidencia. No hay espacio para los ensayos o para seguir aprendiendo. Lo lógico habría sido que quienes diseñaron este modelo dieran un paso al costado. Ahora, si el Presidente no remueve a nadie quiere decir que está contento con los resultados y será él quien va a asumir la responsabilidad por los niveles de criminalidad en Chile.