Felipe Ward (48) comenta que no echa de menos la “política dura”, que enfrentó en los complejos siete meses que estuvo La Moneda a cargo de la Segpres; y que está feliz en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “porque volví a la calle”, que es lo que le gusta.

El abogado de la UDI cuenta que próximamente tendrá una importante reunión con el Presidente Piñera para delinear una nueva política de arriendos, para lo cual han estudiado modelos de Estados Unidos, Australia e Irlanda.

“Estamos en un proceso que ya está en marcha, donde los chilenos y chilenas vamos a decidir el 25 de octubre si se van hacer modificaciones a la actual Constitución o si vamos a tener una nueva Carta Fundamental. En ambos casos es razonable y necesario incluir eventualmente el acceso universal al techo como un derecho fundamental. El tema de fondo es que es muy difícil garantizar este derecho si el Estado tiene una sola herramienta, que es la entrega de viviendas en propiedad. Pero si impulsamos la alternativa del arriendo, el Estado podrá cumplir esta garantía (el acceso universal al techo), que nos parece que es algo que debería estar en una Constitución”.

¿En qué consistirá esta política de arriendo?

Hoy tenemos en funcionamiento dos subsidios al arriendo, pero el ministerio no cuenta con una política de arriendo que sí tienen muchos países y que además de subsidios a la demanda tienen subsidios a la oferta. Para ello, queremos impulsar proyectos en terrenos públicos que generen oferta de arriendo.

Es decir, que el gobierno o municipios construyan viviendas para arrendarlas a un precio más bajo, como se hizo en Recoleta.

Justamente, en lo que se hizo en Recoleta participó el Ministerio de Vivienda. De hecho, uno de los edificios inaugurados hace algunos meses le pertenece a este ministerio. Todas las alternativas que presenten los municipios o gobiernos regionales para potenciar arriendos protegidos para población vulnerable es algo que se hace mucho en otros países. Programas como Moving To Opportunity en Estados Unidos, demuestran que apoyar a familias de ingresos bajos para arrendar en barrios de mejores oportunidades mejora significativamente las expectativas de vida de los niños respecto a permanecer en barrios vulnerables.

¿Y el modelo de Lavín, de construir un edificio en la rotonda Atenas y facilitar la compra a personas con menos recursos se está replicando en otros lugares?

Absolutamente, por ejemplo, cerca del colegio de Nido de Águilas, la Municipalidad de Lo Barnechea busca construir en suelo público viviendas de integración en el sector de La Dehesa. Cuando en 2018 se instaló el concepto de integración social, se produjo un antes y un después en el sistema de aproximación del Estado en materia de política habitacional. Cuando uno es capaz de llevar a personas vulnerables a barrios consolidados, donde hay buenos establecimientos educacionales, buena salud pública e infraestructura, le cambia la vida para bien no solo a esas familias más vulnerables, sino también a las familias más acomodadas, porque aprenden a vivir mejor ambos. Lo que se hizo Las Condes y en Recoleta son buenos ejemplos de integración social.

Un problema que ha dejado el coronavirus es el aumento de tomas de terrenos fiscales de personas que, según expertos, no han podido seguir pagando arriendo.

Coincidimos en el diagnóstico. A raíz de la crisis económica generada por la pandemia ha habido un aumento de un 40% de las tomas en los últimos meses en Chile. Es un aumento muy significativo. Al 23 de septiembre habían 254 tomas de terrenos consolidadas que corresponden a 21.883 hogares. Lo grave sería quedarnos en el diagnóstico, que es lo que lamentablemente se ha hecho durante mucho tiempo. Estamos haciendo esfuerzos simultáneos en varios ministerios y la Asociación Chilena de Municipalidades, porque un tercio de las familias que están en asentamientos precarios señalan que tomaron esa difícil decisión porque no han podido seguir pagando el arriendo.

¿Qué se está haciendo para frenar esta aumento de tomas?

Estamos trabajando en la detección temprana de tomas, |queremos saber tempranamente dónde están ocurriendo nuevos fenómenos de asentamientos precarios en distintas regiones, de forma de evitar que sigan aumentando, porque estamos convencidos de que las tomas y los campamentos no son un buen lugar para vivir y queremos que se respete la ley. Como ministerio trabajamos primero con los comités de vivienda constituidos formalmente, pero las personas que viven en tomas no son invisibles para nosotros.

El tema del subarriendo es otro problema que desnudó esta pandemia.

El Presidente nos ha pedido que resolvamos este tema lo más rápido posible. En el Congreso se están tramitando proyectos que pone requisitos más exigentes para permitir el subarriendo y específicamente el arriendo de piezas. Hay casonas que se están arrendando por piezas principalmente a extranjeros y que no cumplen con las exigencias mínimas para la vida humana. En tanto, tenemos un subsidio que permite sacar a personas que están en hacinamiento y a personas que están allegadas.