Corría diciembre de 2016, cuando el sacerdote Fernando Montes se mostró a favor de permitir la libertad de aquellos internos condenados por delitos de derechos humanos que padecen enfermedades terminales.

Sus declaraciones ocurrieron en el contexto de la misa del perdón realizada en Punta Peuco, a la cual fue invitado. En ese momento, sus palabras tuvieron un alto impacto en la discusión sobre beneficios a este tipo de reos. Hoy vuelve a conversar con La Tercera sobre el significado de los 38 permisos carcelarios otorgados a estas personas, tanto por el gobierno de Michelle Bachelet como en el actual mandato del Presidente Piñera.

¿Qué le parece que se entreguen beneficios a condenados por delitos de derechos humanos?

La visión general que tengo, primero que nada, es que se deben clarificar muy bien los hechos y las responsabilidades. Hay que tener cuidado de meter en el mismo saco a todas las personas. Hay distintas responsabilidad en los hechos. Eso no se manifiesta en las condenas. Hay condenados con penas similares, siendo personas con bajos grados en las Fuerzas Armadas, que han seguido órdenes, a veces estando aterradas.

¿Cree que ello debe ser un aspecto a evaluar para entregar beneficios?

Hay que tener en cuenta que en los servicios de inteligencia y en los grupos subversivos suele parcializarse la información. No todos tienen los mismos datos ni todos toman las decisiones. Es importante hacer muy bien las distinciones. Hay gente que ha entregado la información que posee, a veces tarde. Sin embargo, espero que, por el bien del país, entreguen toda la información que tienen.

¿Cómo responde a quienes critican este tipo de permisos?

Si a una persona se le muere su esposa, su hijo, se le deben conceder. Es de humanidad; si no hay riesgo de que esta persona se arranque, que pueda asistir. Que una persona haya sido inhumana no puede deshumanizarnos a nosotros.

¿Debe seguir exigiéndose colaboración a la hora de entregar estos permisos?

Me parece que es un elemento. Eso sí, es muy distinto un general a un cabo segundo. Es muy distinto quien organiza todo a un chofer. El sentido común nos dice que es así. Aquel que siendo responsable en su medida, si esa medida es más pequeña, debe tenerse alguna consideración. Hay un elemento extra, porque en la misma línea de la humanidad, hay que tener en cuenta la situación del estado de salud de algunas personas. Me consta de personas que están mentalmente incapacitadas, que tienen que ser vestidas por otros y alimentadas por compañeros, y que tampoco tienen clara conciencia de dónde están.

¿Qué opina sobre los beneficios otorgados por el gobierno de la expresidenta Bachelet? ¿Cree que ha existido una apertura desde este sector político?

No haría un juicio. Muchas veces carezco de la información. Me manifiesto en términos generales. En ese sentido, si el gobierno de la presidenta Bachelet consideró las leyes y el nivel de responsabilidad e información por motivos humanitarios, no destruye un Estado de derecho. Eso debe cuidarse, que quien es responsable pague su culpa. Pero que no nos deshumanice como sociedad.

¿Cree que influyó su llamado a respetar los derechos de los internos de Punta Peuco formulado en 2016?

No creo. Es algo que debería preguntárselo a quienes tomaron las decisiones. Ellos nunca me dijeron que tomaron una decisión por lo dicho. Si lo que dije tenía algo de humanidad, celebro que sea así. Pero, sinceramente, no lo sé.

¿Qué le parece la discusión que se ha generado a partir de las libertades condicionales otorgadas por la Corte Suprema?

Pido que la justicia pueda actuar con mucha objetividad e independencia, teniendo en cuenta y ateniéndose a la ley, conforme a los criterios que existen. Pediría mucha objetividad a la justicia, como siempre lo he hecho; dar las penas que se merecen y aplicar aquellas cosas que la ley actual autoriza. Si la ley es mala, debe cambiarse.