La Federación de Estudiantes y la Consejería Superior de la Pontificia Universidad Católica acudieron a la Superintendencia de Educación Superior para hacer ver su preocupación por el estado crítico de las condiciones de salud mental que se enfrentan los los alumnos en las instituciones del país, y que en marzo gatillaron la muerte de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes, según reveló su madre, Carolina Cors.

En una carta dirigida al superintendente José Miguel Salazar, la FEUC plantea que junto a la Confech y otras federaciones han internado “hacer presente en diversas ocasiones la urgencia de tener avances legislativos y normativos que permitan un modelo educativo que no propicie el menoscabo de nuestra salud”.

La federación acusa que las instituciones de educación superior implementan programas curriculares cada vez más orientados a la sobreexigencia y que “los estudiantes sufren abusos en sus actividades por parte de docentes y tutores y no hay una regulación del trato que les permita tomar medidas o si quiera prevenirlo”.

“No existe una exigencia universal de servicios de tratamiento psicológico y bienestar que garantice condiciones mínimas para completar los programas sin un perjuicio grave a la salud mental que muchas veces puede ser irreversible, o costar vidas”, señala el texto.

Y añade que la situación se ha tornado insostenible que los establecimientos “tengan libertad casi absoluta para definir sus lineamientos y políticas de salud mental, puesto que los resultados de su implementación indican con claridad que no contemplan la salud mental del estudiantado como una prioridad”.

En esa línea, la FEUC concluye haciendo un llamado “a construir un programa de políticas públicas que, con una agenda legislativa que considere las problemáticas que hemos expuesto por años los estudiantes, pueda ofrecer soluciones duraderas con la urgencia que nos exige la situación de crisis que enfrentamos como país”.

“Que no se vuelva a repetir”

Luego de la cita, Carolina Cors agradeció la disposición del superintendente Salazar y de la institución que dirige “para poder investigar las cosas que pasaron y, lo que es más importante, logremos un cambio importante en como son las relaciones dentro de los campos clínicos universitarios. Ojalá no sólo de la salud, sino que de todas las carreras y las universidades”.

Respecto al caso de su hija, sostuvo que no tiene expectativas en el trabajo de la Universidad de los Andes. “El primer comunicado lo consideré violento, cómo ellos exponían (...) nosotros recurrimos a todos los canales de comunicación y nos cerraron las puertas. Y no solo eso, Catalina fue amedrentada, entonces de qué canales estamos hablando y los estudiantes salen de ahí asustados. Los protocolos y los canales existen, pero no funcionan, nadie los fiscaliza y finalmente los estudiantes no se atreven a acceder a esos canales por temor a la represalia”.

El superintendente José Miguel Salazar, en tanto, señaló que “este es un tema importante, que tenemos que abordar porque excede a una institución o a una carrera en particular, es mucho más transversal y tenemos que abordarlo como comunidad de eduación superior”.

Añadió que la SES va a trabajar junto a la Universidad de los Andes, pues ellos “se comprometieron a entregarnos la información solicitada mañana y en función del mérito de esta vamos a definir el curso a continuación”.

Salazar señaló que hay más denuncias que están investigando en la SES y que “con algunas hemos tenido ciertas dificultades con las investigaciones, pero evidentemente lo que se trata aquí es dar una vuelta de tuerca importante para lograr que situaciones como estas no se vuelvan a repetir”.

Por su parte, la presidente la FEUC, Catalina Jofré, manifestó que como estudiantes buscarán todas las formas “para que esto no vuelva a pasar. Creemos que es momento que las prácticas profesionales sean un lugar de aprendizaje y de educación, y no un sinónimo de dolor. Luego de lo de Catalina muchos estudiantes se acercaron a las federaciones contando sus relatos, su pena, contando como tuvieron que dejar la carrera o que tiene miedo de nunca egresar por lo mismo”.

“Esto tiene que cambiar hoy, el primer paso fue una reunión con el superintendente, pero el tomar sanciones puede que nos quede corto. Tenemos que ver más allá, tenemos que tomar como país compromisos para que ningún estudiante de todo el país le vuelva a pasar lo que pasó a Catalina”, cerró.