La mañana de este miércoles, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, destacó que el proyecto –impulsado por el Ejecutivo– que pone fin al Crédito con Aval de Estado (CAE) “se hace cargo” de constituir un “sistema de financiamiento sostenible” y que garantiza “el desarrollo razonable de las instituciones de educación superior”.

En conversación con Radio ADN, manifestó que el beneficio es “una política pública que cumplió su ciclo y es necesario superarla”.

“Yo he participado en varios seminarios sobre financiamiento de educación superior y me parece que respecto de eso ha habido un consenso. Es un sistema que, entre otras cosas, hace responsable a las propias instituciones de parte de ese aval que se entrega”, complementó.

Pese a que precisó que todavía el Cuech no está al tanto de los pormenores del proyecto y que cuando estén enterados realizarán las indicaciones y un pronunciamiento oficial, Corrales manifestó que “los bancos tienen poco interés en el CAE”. Por lo mismo, calificó como positivo “la necesidad de constituir un sistema de financiamiento que sea sostenible y que a la vez garantice el desarrollo razonable de las instituciones de educación superior”.

“No solo se trata de que sobrevivan (las casas de estudios), sino que también sean capaces de desarrollarse porque las universidades son muy importantes para el desarrollo de los países, porque tienen que ver con la generación de conocimiento y tecnología. Nos parece que desde ese punto de vista, el proyecto se hace cargo de ese problema”, puntualizó.

A propósito de la polémica con el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, Corrales remarcó que la iniciativa del Ejecutivo “se hace cargo de otro problema que hemos conocido en las últimas semanas, que es la necesidad también de establecer algunas regulaciones para todas las instituciones que reciben recursos públicos”.

Y ejemplificó que la Universidad de Chile no es la que más recibe gratuidad, sino que es la Universidad Autónoma, una entidad privada. “Nosotros hemos dicho es que es necesario que las instituciones que reciban recursos públicos tengan ciertas regulaciones, por ejemplo, transparencia, a propósito de casos que hemos conocido en las últimas semanas”.

Corrales señaló que el proyecto “debe ser discutido con altura de mira, sin estridencia y también usando los mejores argumentos y razones”.