El fin del caso Hornos de Lonquén

Hace 40 años, el hallazgo que hizo un campesino dio inicio a una de las causas más emblemáticas por delitos de derechos humanos perpetrados durante el régimen militar. El 30 de noviembre de 1978, Inocencio de los Ángeles, un hombre de tercera edad que se reconocía como ermitaño, encontró osamentas humanas al interior de los hornos de cal ubicados en el sector de Lonquén, al poniente de la Región Metropolitana.

Se trataba de los restos de 15 hombres fusilados el 7 de octubre de 1973, por ocho carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo. Pese a que los hechos y las identidades tardarían años en ser acreditados, el descubrimiento marcó al régimen militar: en el país se estaban violando los derechos humanos y quienes estaban a cargo, en la mayoría de los casos, eran agentes del Estado.

Inocencio, denunció el hecho al sacerdote Gonzalo Aguirre, de la Vicaría de la Solidaridad, con quien confirmó in situ el hallazgo. El hecho impulsó la creación de una comisión que se encargaría después de relacionar los restos que halló el ermitaño con los 15 desaparecidos que había en el sector: Sergio Maureira Lillo (46) junto a sus hijos Sergio (27), José (26), Segundo (24) y Rodolfo (22); Carlos Hernández Flores (39) y sus hermanos Nelson (32) y Óscar (30), y Enrique Astudillo Álvarez (51) con sus dos hijos, Ramón (27) y Omar (19).

Los 15 nombres se transformaron en el primer eslabón de una causa que no vería su final sino hasta cuatro décadas después: el 26 de julio pasado, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI detener a los exuniformados Félix Sagredo (82), Justo Romo (69), David Coliqueo (73), Juan Villegas (74) y Jacinto Torres (73). Todos ellos fueron condenados a 15 años de cárcel como responsables de los homicidios.

Pero ese día no ingresaron a la cárcel de Colina I todos los responsables. La muerte se adelantó para Manuel Muñoz, José Belmar y Lautaro Castro, o Marcelo, como se llamó desde el año 2000, luego de cambiar su nombre ante el Registro Civil. Castro, que falleció el 9 de diciembre de 2017 en el Hospital de Dipreca mientras cumplía condena por otros crímenes de derechos humanos, ocupaba el cargo de subteniente y fue el jefe de unidad que ordenó los fusilamientos. Su muerte, según confidenció el resto de los involucrados, se llevaría sus libertades. Siempre tuvieron la esperanza de que Castro asumiera toda la responsabilidad y los absolviera.

Isla de Maipo es una localidad rural de 36 mil habitantes, según el Censo de 2017. En 1973, detallan sus habitantes más antiguos, vivía mucho menos gente, hasta el punto en que todos se conocían. La tenencia de Carabineros a cargo del lugar no contaba con más de 10 efectivos.

A eso de las 22 horas del 7 de octubre del 73, el grupo de policías, armados con sus fusiles Sig, ingresó al Fundo Naguayán para detener a gran parte de los integrantes de las familias Maureira, Hernández y Astudillo, quienes habitaban y trabajaban en el predio. Les informaron que serían trasladados hasta la sede policial. La versión que les dieron es que estaban siendo requeridos para hacerles consultas. No había de qué preocuparse, pues serían liberados.

La investigación judicial nunca indagó los motivos de la detención, aunque entre familiares y habitantes de la zona se insiste en que las víctimas fueron denunciadas por los dueños del fundo, con quienes mantenían diferencias desde el periodo de la Unidad Popular (1970-1973).

En los calabozos de la tenencia se encontrarían con Miguel Brant (20), José Herrera (17), Manuel Navarro (20) e Iván Ordóñez (17). El grupo de jóvenes estaba detenido desde el mediodía, luego de ser descubiertos consumiendo alcohol en la Plaza de Armas de Isla de Maipo. Ninguno de ellos eran familiares de los detenidos en el fundo.

A las seis de la madrugada del día siguiente, los 15 hombres fueron divididos y obligados a subir al jeep de la tenencia y a la camioneta cedida para la ocasión por José Celsi Perrot, propietario de

Naguayán. Les dijeron que serían enviados al Estadio Nacional, principal centro de detención durante los primeros días del régimen militar. Sin embargo, el subteniente Castro había decidido que el destino sería distinto: a solo 14 kilómetros de Isla de Maipo, la abandonada mina de cal de Lonquén se convertía en un lugar emblemático para la historia de los derechos humanos en Chile.

Un mes antes de estos hechos, algunos de los efectivos que habían detenidos a los hombres se involucraron en el asesinato de dos campesinos en el Puente Naltahua. En esa oportunidad, al igual que ahora, la excusa había sido la misma. Por eso, los funcionarios a cargo del traslado, más que sospechas, tenían la convicción de que el final para ese grupo de hombres estaba cerca.

"Apenas supieron de las verdaderas intenciones, algunos de los efectivos dicen haberse shockeado con la situación. Iban a matar a personas que conocían. Aunque plantearon que no tenían más alternativas, dado el carácter de Castro. Las amenazas eran claras: de no cumplir con la orden, eran ellos quienes pasarían a la otra línea", explica el subcomisario Manuel Barros, de la Brigada de DD.HH. de la PDI.

En el lugar se produciría un forcejeo entre víctimas y victimarios, lo que adelantó las ejecuciones, según relata el subcomisario Barros. "Les piden que no los maten, varios de ellos se enfrentan a golpes con algunos carabineros. Algunos disparos se producen en zonas del cuerpo asociadas a ese forcejeo".

Los 15 cuerpos fueron arrojados a la profundidad de los nueve metros que tenían los hornos. Aún quedaban algunos con vida. Cuando los efectivos se fueron del lugar, según sus propias declaraciones, todavía se oían gritos y lamentos de los sobrevivientes a las balas y la caída.