“Quedará en la historia como un servicio que en algún momento fue el que se encargó de dar y acoger a los jóvenes que tenían algún tipo de vulneración, y a partir de 2005 problemas y conflictos con la ley”, señaló esta mañana el director subrogante del Sename, Rachid Alay, al anunciar la puesta en marcha de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y que, con ello, pone fin al actual Sename.

El 12 de enero se publicó la Ley N 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción social Juvenil y que transforma el sistema de atención a los infractores de ley y consagra el cierre paulatino del Servicio Nacional de Menores. Según señaló Alay , este cierre del Sename se concretará definitivamente en 2026.

Tras aprobación del Congreso, el Sename se dividió en dos: Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del Ministerio de Justicia.

Desde Justicia señalaron que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil “el cambio se materializa en la creación de una nueva institucionalidad y una especialización del sistema de justicia para la aplicación de sanciones penales a las y los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años, trabajando coordinadamente por la reinserción social y la seguridad pública”.

“El organismo tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los jóvenes en conflicto con la justicia penal, a su integración social y a la implementación de políticas conjuntas con este fin desde los distintos sectores del Estado”, se agrega.

El nuevo Servicio se implementará gradualmente por zonas a lo largo del territorio nacional, iniciando en la zona norte con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; zona sur: regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes; y zona centro: regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana.

Respecto a las características del Servicio Nacional de Reinserción social Juvenil se informó que:

1) Será especializado y de alto nivel técnico.

2) La atención para los jóvenes será centrada en la intervención, con un modelo y un soporte adecuado para la gestión del caso.

3) Aumenta los estándares de calidad para el funcionamiento de programas e instituciones.

4) Contará con un sistema especializado de administración de justicia juvenil: fiscales, jueces y defensores formados en la materia.

5) Reforzará la respuesta del conjunto del Estado para asegurar el acceso a las prestaciones de salud, educación e inserción laboral y otras materias desde un plan de acción y una política nacional en la materia.

6) Innovará a través de la mediación penal juvenil como una forma alternativa de resolución de los conflictos.

7) Cambiará la relación con organismos privados que ejecutan programas, abandonando la lógica de subvenciones por un financiamiento asociado a estándares de calidad.

Rachid Alay señaló que desde el 2007, cuando empezó a regir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Sename ha recibido en el área de justicia juvenil a 83 mil jóvenes: el 87% hombres y el 13% mujeres. Al hacer un recuento de la creación del Sename, dijo: “Desde ese entonces, han pasado muchas cosas, algunas que son complejas y algunos aspectos que son positivos”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que “los próximos tres años son años de intenso trabajo, de intenso desafío para demostrar el compromiso que tenemos con la protección de derechos y la reinserción social”.

El organismo ha estado en el foco de la polémica en reiteradas ocasiones por casos de violencia contra menores. Uno de ellos fue la muerte de la menor Lissette Villa, menor de 11 años que murió el 11 de abril del 2016 al interior de uno de estos centros. De acuerdo al Servicio Médico Legal, la menor murió por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa” en medio de un procedimiento realizado por funcionarias del lugar. Tribunal declaró culpables de apremios ilegítimos a dos exfuncionarias en 2021.

En 2021, el Sename registró 4.500 denuncias por maltrato a menores solo en 2020.