La diligencia que ordenó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para intervenir el teléfono del exasesor del Segundo Piso Miguel Crispi (FA) en el marco del caso ProCultura, terminó en la arista penal por tráfico de influencias en contra de Isabel Allende, quien finalmente fue destituida de su cargo en el Senado por el Tribunal Constitucional.

El contenido de las conversaciones entre Crispi y su madre, Claudia Serrano (PS), apunta a una insistencia de la exsenadora para concretar la compraventa de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende.

La información dada a conocer por La Tercera remeció las esferas políticas, que se dividieron entre reproches a las exautoridades y cuestionamientos al Ministerio Público por las medidas intrusivas y constantes filtraciones.

Así, ante las críticas que se gestaron especialmente en el FA, el persecutor Cooper manifestó su molestia ante los cuestionamientos.

“Tendríamos que botar el Código Procesal Penal y eliminar todas las medidas intrusivas. Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo", argumentó.

En esa línea, agregó: “Una pregunta que se hace a muchas personas es quién controla a los fiscales. Bueno, los jueces de garantía controlan a los fiscales. El trabajo del Ministerio Público es esencial del sistema acusatorio que tenemos. Controles cruzados. El Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas, y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento, y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas que usted me está indicando que han salido en los medios de prensa".