Sigue la controversia respecto de la intervención telefónica -revelada este sábado por La Tercera- al exjefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, en el marco del denominado caso ProCultura. Y es que a pesar de que la intervención fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se han mantenido los cuestionamientos a la medida.

De hecho, durante la jornada de este lunes el fiscal a cargo de la indagatoria, Patricio Cooper, debió salir a dar explicaciones y enfatizó que se solicitó dicho “pinchazo” porque los antecedentes tenidos a la vista así lo justificaban.

“El Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas, y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento. Y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas que han salido en los medios de prensa”, manifestó el persecutor.

Pero eso no fue todo, pues el fiscal también lanzó implícitamente sus dardos. “Me llama mucho la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo”, reprochó.

Y si bien el persecutor no quiso ahondar en los detalles que justificaron la intervención al celular del otrora jefe de asesores del Mandatario, aclaró que ya cesó el plazo autorizado para ejecutar la medida.

“El teléfono ya no está pinchado, no está intervenido. Y desde cuándo a cuándo, tampoco se va a dar información al respecto, tomando en cuenta que en ProCultura, si bien se venció el plazo de secreto, aún no entregamos copia a ningún interviniente. Por lo tanto no van a dar información alguna respecto a esa causa”, precisó Cooper.

La defensa de Crispi

Considerando que las dudas respecto de la vinculación de Miguel Crispi con ProCultura -donde tiene calidad de imputado- también han ido al alza, su abogado, Guillermo Chahuán, volvió a entrar en escena y manifestó que están a la espera de conocer los antecedentes. Insiste, eso sí, en que su representado no tiene nexo con delito alguno.

“Desconocemos los fundamentos de la solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo y del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conceder una medida intrusiva de tal entidad. A la fecha, no existe ningún antecedente que dé cuenta de participación alguna de Miguel Crispi en algún delito o falta”, manifestó el penalista por medio de un comunicado.

En el mismo sentido, Chahuán abordó parte del contenido de las escuchas realizadas a su cliente, las referentes a la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, y donde advertía de las gestiones que había realizado la senadora para apurar el proceso.

Confirmando que hace algunos días Crispi declaró como testigo, el abogado detalló: “Declaró ante el Ministerio Público que esta fue una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la exsenadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad".

Pese a ello, la abogada de la destituida senadora, Paula Vial, reprochó en duros términos sus palabras (ver entrevista).

FA no da tregua

A la arremetida del abogado de Crispi, también se sumó su partido, el Frente Amplio, desde donde la presidenta, Constanza Martínez, pidió al Ministerio Público que no se instrumentalizaran sus facultades.

Martínez manifestó que sus cuestionamientos no son hacia las diligencias intrusivas, sino que apuntan a resguardar que las investigaciones no se utilicen para “afectar la honra de una persona que no está involucrada en los casos”.

Ante el caso en concreto, planteó que lo correcto hubiese sido que la intervención fuese autorizada por la Corte Suprema, a diferencia de la diligencia en contra del frenteamplista, que fue visada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

“Cuando se trata de investigaciones que involucran a distintos poderes, hay cierta legislación que obliga a que, por ejemplo, sea la Corte Suprema la que pueda aceptar que se hagan esas medidas porque efectivamente tiene que haber separación de poderes”, postuló.

En la misma línea, pidió “tener cierto cuidado, sobre todo en el respeto de nuestra democracia y también de no hacer un empate que es dudoso en casos de corrupción cuando hay una exalcaldesa de la UDI que ha robado cerca de 30 mil millones de pesos”. Recordó, acto seguido, que Irina Karamanos y Gonzalo Winter fueron afectados con acusaciones que luego fueron desestimadas.

A juicio de la presidenta del FA, hay casos donde “se dice que tienen antecedentes, pero no hay ninguno de los antecedentes, eso se filtra y con eso hay una utilización de la justicia para hacer puntos políticos. Eso es lo que nos preocupa. No que se investigue a fondo".

Causa por fallida compra suma antecedentes

Si bien los antecedentes que justificaron el “pinchazo” a Crispi están radicados en la mencionada causa del caso Convenios, fue en medio de esa interceptación que se advirtieron elementos que permitieron al fiscal Cooper abrir investigación por la fallida compra venta de la casa de Allende.

De hecho, en medio de la conversación que Crispi tiene con su madre el 7 de enero, se indica que la familia Allende tenía “mucha responsabilidad” en todo el bochorno que implicó la paralizada transacción.

Por lo mismo, en febrero se intentó incautar los celulares de parte del clan, entre ellos el del abogado Felipe Vio, quien es pareja de la hija de la exsenadora, y el profesional que representó a los herederos de la vivienda ante el gobierno. Revisar sus conversaciones resultaba clave para el Ministerio Público, aunque la medida fue rechazada por tribunales. Eso sí, el pasado 5 de marzo declaró ante el equipo investigativo en dependencias de la Fiscalía Nacional.

Aseguró cómo llegó a representar a la familia, las reuniones que sostuvo y en todo momento insistió en que el proyecto era idea del Presidente, que no hubo presiones y que se esmeraron en que el proceso fuera transparente y, según dijo, sin trato preferente. Reconoció, eso sí, que “no haber advertido el tema jurídico constitucional fue un error”.

Pero también aclaró: “A su pregunta, ni la senadora Allende ni la ministra Fernández participaron o realizaron gestiones ante Presidencia, Ministerio de Cultura, SERPAT, o Bienes Nacionales, durante el proceso de venta de la casa de la familia, porque ese trabajo me correspondió a mí hacerlo. Complementando lo anterior, la iniciativa de la compraventa de la casa fue del Presidente de la República y no de la familia”.

Puso énfasis, además, en que “la intención de la familia era preservar el valor histórico y que la casa pasara a propiedad del Estado, independiente de quién se quedara con la administración, ya que esta podía quedar en el Estado igualmente”.

Junto con esto, Vio expresó otro punto que para ellos era importante. “Dado el apellido Allende, que desata pasiones en contra y a favor, no queríamos ningún trato preferencial en cuanto al precio, y que el método de cálculo fuese lo más transparente posible”.