En una conferencia de prensa este miércoles, en la sede del Ministerio Público de Venezuela en Caracas, el fiscal general del país, Tarek William Saab, se refirió a la visita de dos de sus persecutores a Santiago tras las solicitud que autoridades chilenas hicieron por el caso del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

El exmilitar venezolano, disidente del gobierno de Nicolás Maduro, Ronald Leandro Ojeda Moreno escapó del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde de Venezuela en noviembre de 2017. Llegó a Chile al año siguiente y accedió a la calidad de refugiado en noviembre de 2023.

“Nos preocupa la utilización política que se ha hecho de este caso. Hay además muchas preguntas omitidas y sin respuestas: ¿Por qué Ojeda, que estaba en Chile en condición de refugiado, salía del país por pasos ilegales?”, señaló el fiscal.

Se presume que Walter Rodríguez y Michael Villegas, dos de los presuntos responsables del crimen, de nacionalidad venezolana, escaparon a su país de origen. Por eso Chile solicitó apoyo al gobierno de Caracas para su ubicación. El fiscal Héctor Barros, coordinador en la Región Metropolitana del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, sostiene que el crimen “se organizó desde Venezuela” y apunta a una motivación política como la línea investigativa que no han podido descartar.

Tarek William Saab afirmó que su país ha colaborado con la investigación y criticó la postura de la Fiscalía Nacional chilena de no entregar detalles de la indagatoria a sus emisarios que visitaron Santiago la semana pasada, Ángel Fuenmayor, director general contra Delitos Comunes, y Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, Tarek William Saab afirmó que los “saltos de garrocha” de la Fiscalía Nacional llevaron al gobierno chileno “a dar declaraciones infundadas” por el caso.

“En vista de la gravedad de los hechos ocurridos y de la participación en los mismos de presuntos venezolanos, procedimos a abrir una investigación propia para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile. Y para iniciar las pesquisas que nos permitan dar con los presuntos coautores del hecho”, señaló.

Igualmente, indicó que han enviado “una solicitud de asistencia penal mutua requiriendo datos claves para avanzar en la localización de los implicados que han sido identificados”.

Además, la autoridad del órgano persecutor venezolano descartó que Walter Rodríguez y Michael Villegas, en caso de ser detenidos en su territorio puedan ser extraditados a Chile por expresa prohibición constitucional.

“De ser detenidos en Venezuela, serán juzgados acá con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile; que no entregó nada”, comentó.

“Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad”, planteó, asegurando que en esa supuesta operación “pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

En esa línea, afirmó que “efectivamente el móvil es político, pero no es el que se ha estado barajando en los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar”.

“Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países”, aseguró el fiscal.

La madrugada del miércoles 21 de febrero Ronald Ojeda fue sacado de su hogar, en el piso 14 de un edificio en Independencia, por sujetos que irrumpieron caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones. El viernes 1 de marzo su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terreno de Maipú. Tenía 32 años y un hijo de seis.

Son tres los sospechosos que se han identificado y que están vinculados al crimen. Un adolescente de 17 años que quedó en internación provisoria tras su formalización y otros dos sujetos por los que se emitió una orden de detención y que estarían en Venezuela.