Durante esta mañana, el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, se refirió a los hechos de violencia que han ocurrido en el sector de Plaza Baquedano. Especialmente, aquellos en contra de la estatua del general Baquedano en los últimos días y que desencadenaron en el retiro del monumento para su reparación.

“Encuentro lamentable que un lugar que es un espacio público y que como tal tiene derecho a ser visitado, a ser conocido pero también existe el deber de ser cuidado, se haya visto tan severamente dañado como para tomar una medida de esta naturaleza”, dijo el persecutor a Radio Universo. Según planteó Guerra, “aquí no se tomó esta medida por una decisión política, no tiene que ver con los símbolos como con lo que ocurrió a fines de los 80 con la caída del muro de Berlín en Europa o en otros lugares en que terminan regímenes autocráticos y donde muchas figuras son derribadas”.

“Aquí lo que hay es derechamente un actuar bastante violento del que somos testigos desde el 18 de octubre en adelante en el sector Plaza Baquedano y donde la estatua del general es un elemento simbólico, se transformó casi en un objetivo político a cumplir”, dijo.

Además, señaló que tanto el Ministerio Público, como las instituciones del Estado en general y los ciudadanos mayoritariamente “entendemos que deben permitirse las manifestaciones pacíficas, pero éstas nunca deben ser por medios violentos, y por ende cuando ocurren por medios violentos, nosotros tenemos el deber de actuar. Yo lo encuentro triste por ese lado, encuentro que muestra un deterioro importante de la vigencia del Estado de Derecho, en el sentido de entender que los espacios públicos son lugares que todos tenemos derecho a disfrutar y que debemos cuidar”.

Consultado si ganó la violencia, el persecutor manifestó que “sin duda aquí hay un espacio que ha sido ganado por los elementos más violentos, decir lo contrario es ponerse una venda en los ojos, eso no quiere decir que esto sea definitivo, pero si uno ve la realidad de lo que viene ocurriendo desde octubre del año 2019 a la fecha en el sector, sin duda que ha habido un avance muy fuerte de elementos que no solamente guardan relación la estatua de Baquedano, guardan relación con todo el entorno de ese sector, hay mucho negocio destruido y vecinos que han sido afectados en su calidad de vida”.

Igualmente, el fiscal señaló que se deben separar los roles de las instituciones y que quien tiene el deber de que los ciudadanos puedan transitar tranquilamente es el Ministerio del Interior con la subsecretaría de Prevención del Delito. “Ahora, respecto de delitos que ya ocurren, la responsabilidad de investigarlo es del Ministerio Público auxiliado de las policías, no eludimos esa responsabilidad y sin lugar a dudas que los resultados no son los que a nosotros nos gustaría. Nos gustaría tener una mayor cantidad de detenidos, nos gustaría identificar a los grupos que llevan adelante estas manifestaciones”, aclaró.

Por otra parte, planteó que “el Estado no ha demostrado hasta a la fecha una real capacidad para hacerse cargo de la violencia” y que las estrategias para combatir la violencia en el sector de Plaza Italia no han sido “suficientemente eficaces”.

“Tengo la impresión también, y lo digo responsablemente, que en esto ha habido un grado de temor por el hecho de enfrentar situaciones que probablemente puedan derivar en actos violentos que muchas veces originan situaciones que pueden acarrear persecución para los funcionarios policiales. No digo que no estén actuando, pero probablemente se ha actuado con mayor cautela”, dijo.

Sobre esto, reconoció que “nosotros tampoco hemos sido lo suficientemente eficaces como para lograr resultados de persecución que quisiéramos, lo digo por mí, por el sector Oriente”.

En cuanto las responsabilidades, el fiscal Guerra señaló que “creo que la sociedad chilena entera debe hacer un mea culpa y sin duda que, en eso, como representantes de la sociedad chilena, las instituciones del Estado que participamos de las distintas etapas de lo que es el control del delito. Hay una responsabilidad compartida, pero responsabilidad al fin y al cabo identificable, y sin lugar a dudas que estamos en deuda con los vecinos, yo hablo de Providencia. Estamos en deuda con los vecinos que reclaman legítimamente que quieren recuperar su derecho a vivir tranquilamente y poder disfrutar los espacios públicos que han sido dañados, eso es lo primero”.

“Quien diga que no es así es deslindar responsabilidades en otros y actúa en forma pequeña. Aquí lo que corresponde es afrontar el tema y tratar de mejorar esto para devolverle la tranquilidad a la gente que vive y trabaja en ese sector (…) debido a la acción violenta que el Estado no ha sido capaz de frenar”, expresó.