Este lunes, en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar se realizaron los alegatos de clausura del juicio contra cuatro acusados por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado del empresario Alejandro Correa, hecho registrado el 18 de mayo de 2020 en Concón, y por el cual se imputan los delitos de homicidio calificado, homicidio frustrado, porte de arma y receptación.

Según acreditó la Fiscalía, Correa habría sido asesinado por Víctor Gutiérrez -un ciudadano colombiano- con un revólver .38 marca Arminios, por encargo de Renato López, presunto autor intelectual del hecho y con quien el empresario habría sostenido una disputa por la ocupación de su terreno en Quilpué. Además figura como imputado Claudio Riveros, conductor del vehículo que trasladó a Gutiérrez, y Melissa Palma, como cómplice.

En la audiencia, el fiscal Stefan Kramar sostuvo que, después de un mes de juicio oral, el Ministerio Público llegó a la convicción de que “acá no se han instalado dudas, por el contrario, se han instalado certezas” y que este caso “revela una práctica que tal vez no era conocida en nuestro país, pero que, sin embargo, sí es posible realizar, y fatídicamente consumar”.

“Para ello” -prosiguió- “se requiere el engranaje de unas serie de piezas (...) que en este caso resultó a la perfección, en cuanto a lo que significaba el encargo, porque se eliminó de la ecuación a una persona que significaba un obstáculo para ciertos intereses de una persona determinada”. Lo anterior, porque los desencuentros entre López y Correa a propósito del terreno se remontarían a 2016, cuando se enfrentaron por primera vez sobre sobre el tema, y que desencadenó el inicio de un juicio civil en septiembre de 2019.

“La decisión respecto del destino de esos terrenos no era sino de Alejandro Correa. Con él tenía que entenderse López para tratar de aminorar esta suerte de ocupación ilegal”, dijo Kramar.

Luego, el persecutor explicó que Gutiérrez “conoce específicamente, o por coincidencia, de los terrenos” y que de la revisión de su teléfono se concluye que “es una persona que sabe del manejo de armas”. En el mismo aparato, detalla, se encontró una foto de Correa el 2 de mayo y, al día siguiente, su dirección completa.

Asimismo, Kramar relató que Gutiérrez le señaló a Riveros (el conductor) por WhatsApp, que “si él hubiese sabido que era tan connotado, él habría cobrado más”. Y que el presunto homicidio tendría un vínculo con Palma desde al menos un año y medio -antes del crimen-, y que si bien ella “no estuvo en el vehículo conducido por Riveros”, sí habría participado en la decisión que Gutiérrez llevó a cabo.

Sobre Riveros, en tanto, aseguró que este sí sabía que Gutiérrez iba a cometer un delito, “y si no lo sabía lo supo una vez que disparó” y que “cuando se encuentra con el arma podría haber tomado decisiones, pero la mantuvo en su poder”.

Juan Pablo Hermosilla, abogado representante de la familia Correa, hace “suyas” las alegaciones del fiscal y asegura que se logró acreditar “este homicidio, tan común en algunas ciudades de Brasil, Colombia y México, pero en Chile no”.

Sobre Palma, cuestiona un video suyo exhibido en el juicio, en el auto de Riveros, “donde se prepara el delito, se discuten posibles caminos de fuga, todo con toque de frivolidad, acompañado de un perrito chiquitito de ella, pero pudimos formarnos una opinión directa” y valora el testimonio de Riveros, quien un día después del hecho entregó el arma y declaró ante la PDI.

El abogado también señaló que “la prueba más sustantiva de todo el juicio es la declaración del acusado Renato López”, por cuanto permite “imputarle, desde el punto de vista jurídico, su participación como quien encarga esto; el autor detrás del autor”.

La defensa de López, relata Hermosilla, no discutió la ejecución del delito, un “crimen por encargo, al revés, la tesis de ellos es sostener que fue otro el que realizó el encargo, y fue otro el motivo. No la disputa que tenía Renato López con Alejandro Correa, sino que era producto de la toma nueva, que estaba hacia el norte”.

Entonces, “se nos pone otra tesis: sí, es cierto que hubo encargo, pero no fui yo, fue este otro, producto de las tomas posteriores, no por conflictos de usurpación”, precisó el querellante.

La relación entre López y Gutiérrez, en tanto, la describe como “lo central de este juicio”; y que habría quedado demostrada, en parte, a raíz de las contradicciones exhibidas en las declaraciones de López, donde “primero dice que no lo conoce. Después dice que lo conoció en la cárcel (...) y que lo ubicaba de antes”.

Andrés Roldán, abogado defensor de Palma, refutó la calidad de cómplice atribuida a su representada. Señaló que el Ministerio Público no pudo acreditar su participación, por lo que pidió la absolución de los cargos que se le imputan.

“El 17 de mayo mi representada se traslada a la comuna de Concón con Gutiérrez en un auto conducido por Riveros. Ella lo hizo sentada atrás. Y grabó con su celular las propiedades del sector, incluida la casa de la víctima. Ese video fue exhibido en el tribunal. Riveros dice que se percata de la grabación y se lo comunica a Gutiérrez. Él se gira y le pregunta ‘¿estás grabando?’. Ella baja el teléfono y se ve un perro chico en el piso del vehículo. ¿Tenía instrucciones de grabar? Claramente no”, explicó Roldán.

El abogado además se refiere a tres fotografías exhibidas en el juicio. La primera, de Palma exhibiendo una importante cantidad de dinero, en forma de abanico, “pero no se pudo acreditar la existencia de ese dinero, ni en cuentas bancarias, ni en domicilio, por tanto, ¿dónde está ese dinero? (...). ¿Podría haber sido por el retiro del 10%? Queda la duda”.

La segunda imagen refiere a una fiesta “ostentosa”, que -según declaró López- habría realizado Palma con el dinero vinculado al crimen, pero “lo único que se ve en esa ‘fiesta’ es una torta y un bowl con suflés. ¿Hay ahí con suerte $ 10 mil pesos? Creo que no. ¿Dónde está esta fiesta ostentosa? Tampoco existe”, dijo Roldán.

Héctor Petit, defensor de López, también solicitó la absolución del imputado, tras cuestionar uno de los testimonios clave presentados por la Fiscalía: el relato de Rodrigo López, comisario de la PDI, en el cual “descansa la totalidad de la prueba de la parte acusatoria: el testimonio de un funcionario” con “falta de imparcialidad” y “amnesia selectiva”.

Asimismo, señaló que no se pudo acreditar la existencia de un pago, entre López y Gutiérrez.

El defensor de Riveros, Cristian Sandoval, comentó que en el actuar de su representado hay “arrepentimiento, temor y colaboración”. Y, Finalmente, Cristopher Veas, abogado de Gutiérrez, apeló a las pericias realizadas por la Fiscalía, sin la aprobación previa del tribunal -como solicitar el registro de las cámaras de seguridad del peaje de una autopista-. “¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar, en el ámbito de garantías, para conseguir una condena?”, preguntó.