Convenio entre Ministerio Público y la Iglesia genera críticas internas de fiscal regional de Los Lagos

Cerca de las 14.30 del pasado 3 de mayo, un correo electrónico ingresó a la bandeja de entrada de Ymay Ortiz, actual directora de la unidad especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público.

Bajo el asunto "protocolo de derivación de denuncias Iglesia Católica", el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, manifestaba su preocupación por el acuerdo que el 30 de abril firmaron el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, para mejorar el proceso de investigación de las denuncias por delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica.

En el correo, al que accedió La Tercera, Emilfork asegura que "no puedo sino manifestar mi preocupación por la fórmula empleada en este caso, esto es, la suscripción de un 'convenio marco de colaboración', ya que implica obligaciones recíprocas y, por ende, obligaciones para la fiscalía respecto de una institución cuyos integrantes están siendo actualmente investigados precisamente por delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes".

La comunicación interna entre Emilfork y Ortiz se concretó pocos minutos antes de que miembros de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abuso en la Iglesia Católica se reunieran con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para tratar los alcances de este polémico convenio.

En el correo electrónico, Emilfork advirtió que "celebrar este tipo de acuerdos con instituciones que tienen intereses en investigaciones vigentes puede implicar una afectación a la autonomía institucional y, consecuencialmente, al principio de objetividad, pudiendo significar también para las víctimas de estos delitos un elemento de revictimización. Hay varios aspectos que son discutibles, pero en particular la obligación de entregar información a la Cech 'del curso de las investigaciones' y 'de las causas', contenida en las cláusulas tercera y quinta, ya que por ley el Ministerio Público no debe entregar ninguna información a terceros".

En un segundo correo, enviado una hora después, las dudas y críticas expuestas por el fiscal Emilfork fueron respondidas por Ymay Ortiz. En el documento, la persecutora manifestó que "este convenio refleja un trabajo conjunto con la Cech desde el año pasado (derivado de la comisión 'escucha', liderada por el obispo Scicluna) y que ha tenido como resultado, hasta ahora, que más de 50 víctimas, algunas con tres y cuatro sacerdotes denunciados, hayan utilizado este canal para denunciar, una de esas víctimas, incluso, también lo fue de Fernando Karadima".

Según Ortiz, en la Fiscalía Nacional existe "disposición a mejorar las partes del convenio que generen cualquier tipo de intranquilidad y ya estamos en contacto con otras agrupaciones de víctimas".

Fuentes del Ministerio Público aseguran que las críticas de Emilfork serían compartidas por otros fiscales adjuntos e, incluso, sus pares regionales, lo que evidenciaría una división frente a la decisión adoptada por el fiscal nacional, Jorge Abbott.