Casi en el epílogo del caso Penta, causa en que se indagaron delitos tributarios ligados al financiamiento de la política, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, destaca que con esta indagatoria el Estado recuperó más de $ 20 mil millones y sirvió para apurar la ley que modificó los delitos funcionarios.
Después de tres años casi termina el Caso Penta. ¿Cuál es el balance que hace?
Queda una parte relevante que termine. Nosotros formulamos acusación y ese caso hoy está paralizado por una resolución de la Corte de Apelaciones, que acogió una orden de no innovar. Nosotros vamos a ir por que se condene a las personas jurídicas de empresas Penta, como también a las firmas que eran de propiedad de Hugo Bravo, y lo mismo perseguimos respecto de un grupo importante de ejecutivos de Empresas Penta. Respecto de lo que ya ha ocurrido, se han ido dictando sentencias condenatorias. Creo que el elemento más relevante es la recuperación de activos, ahí el Estado de Chile recuperó sobre $ 20 mil millones, que de otra forma no se hubieran recuperado. Creo que, de hecho, lo ocurrido en el caso sirvió de base para que se apurase la legislación que se acaba de dictar, que modifica los delitos funcionarios tipificando conductas como, por ejemplo, el cohecho por la función y que, además, elevó las penas en ciertos delitos y tipificó otras conductas, como la administración desleal. Desde esa perspectiva, más allá de las críticas que uno sabe que se generan por las decisiones que se toman, hicimos lo correcto.
Hace poco se dio a conocer el detalle de las clases de ética a los dueños de Penta en la UAI. Hubo críticas. ¿Cree que esto puede generar una sensación de impunidad?
Creo que muchas veces hay una distancia importante entre el sentir ciudadano y la realidad de lo que impone la ley. Nosotros estamos para aplicar la ley vigente y la sensación de impunidad es algo que nosotros no podemos abordar directamente. Sí nuestro deber es investigar aquellas conductas que se denuncien y que en ese caso se hizo. Tengo mis dudas que las clases de ética sean eficaces, que surtan algún efecto real. Muchas veces esas cosas son más bien testimoniales que reales.
¿En qué está la revisión de las asesorías parlamentarias y el funcionamiento legislativo en general? Hay un informe de la PDI en curso.
Tenemos una orden dada a la PDI, pero la misma orden ha dado la necesidad de más diligencias que en su momento no teníamos contempladas. Han surgido antecedentes interesantes que están siendo indagados por la PDI y ellos me han pedido la extensión del tiempo y creo que a fines de enero vamos a tener un panorama mucho más claro, cuando digo eso es que a fines de enero vamos a tener el informe. Ese es el compromiso que adquirieron conmigo los detectives de la Brigada de Delitos Funcionarios, a quienes hace poco tiempo les encargué situaciones específicas que son de interés y que queremos que se clarifiquen. Claramente hay una serie de conductas llamativas y que hace más que justificable la investigación que tenemos. En su momento hubo personas que cuestionaron el que nos abocáramos a investigar esto, pero el tiempo nos va a dar la razón.
¿Están viendo solo asesorías parlamentarias o, por ejemplo, se están abriendo a analizar el tema de los viáticos?
Estamos viendo las asesorías parlamentarias tanto en la Cámara como en el Senado, y lo que nos interesa ver es si las contrataciones se encuentran justificadas, si se emitieron los informes comprometidos y si el Estado hizo pagos que se encontrasen justificados o, por el contrario, lo que existieron fueron mecanismos defraudatorios destinados, por ejemplo, a generar ingresos extras para algunas personas.
