El fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, dio un nuevo golpe en la pugna que lo tiene cuestionado al interior del Ministerio Público. Esta vez no fue contra su superior jerárquico, el suspendido fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias, sino que lo hizo en contra del persecutor que lleva el Caso Huracán.

Moya presentó este martes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por lo que califica como una "ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a domicilio particular y, además, apartada de la ley".

El fiscal de Rancagua hace referencia a la orden de allanamiento que ordenó Palma el pasado 8 de mayo alrededor de las 5:30 de la mañana a su casa en la región de O'Higgins. Esta acción fue ejecutada por la PDI y duró alrededor de diez horas. La medida intrusiva fue dictada luego de que la abogada Marisa Navarrete -pareja del fiscal Arias y abogada defensora del capitán (R) de Carabineros Leonardo Osses-, le hiciera llegar un correo electrónico entre Moya y el exmayor de Carabineros Patricio Marín. En el documento se daba cuenta de una serie de instrucciones de Moya al expolicía, con los pasos que se deberían seguir para elaborar el informe de las presuntas interceptaciones a mensajes de WhatsApp.

En el recurso, Moya asegura que durante la incautación los funcionarios de la PDI "no portaban documento alguno" que acreditara la diligencia. Según dice el escrito, la policía estaba junto al fiscal adjunto de La Seren, Ricardo Soto, y aseguraron contar con una "orden verbal" autorizada por la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García.

Diligencia "ilegal y arbitraria"

El persecutor, quien se encuentra de vacaciones hasta la primera semana de junio, afirma que pese a haberla solicitado en reiteradas ocasiones  "aún no se me exhibe ni orden escrita, ni constancia de orden verbal alguna, que autorizase u ordenase tal medida intrusiva".

Además agrega que "el registro fue de una profundidad inusitada. Incluyó toda la habitación de mi esposa, su ropa, los muebles donde guarda sus objetos personales, hasta sus medicamentos; incluso tomaron fotos del mueble en que guarda su bisutería. Por supuesto el registro también incluyó mi habitación, con revisión de toda mi ropa y efectos personales, y la habitación de mi hijo menor, quien debía asistir al colegio. No conformes con aquello, registraron la habitación que ocupa mi hija mayor ocasionalmente, todos los closets, el entretecho, la cocina y, en definitiva, todas y cada una uno de los muebles y dependencias de mi hogar, fijando fotográficamente todos los espacios de la casa. Sumado a lo anterior, revisaron también mi automóvil y fijaron fotográficamente el de mi señora".

Ese nivel de detalle, dice el recurso, no se justifica con lo que habría señalado el fiscal Soto en plena diligencia, quien le comentó a Moya que se estaba buscando "el mail anónimo que entregó la abogada Marisa Navarrete, defensora del capitán Osses". El escrito plantea que "todo ese despliegue e invasión de la intimidad de mi familia y mía" no se justifica para buscar un "archivo electrónico", evidencia a la cual "se accede a través de vías electrónicas". Luego se asegura que "ningún otro imputado ha sufrido, en modo alguno, tan brutal diligencia como la que ha ejecutado en mi caso el fiscal Palma"

Con todo, Moya pide al tribunal de alzada que se declare "ilegal y arbitraria" la diligencia solicitada por Palma ya que se trata de un persecutor  "no habilitado legalmente para dirigir la investigación penal en mi contra" y por tratarse de un allanamiento que se extendió a "lugares y objetos no comprendidos por una orden dispuesta por un juez de Garantía, por abarcar bienes no relacionados con el objeto de la investigación, por ejecutarse de una forma arbitraria y abusiva y con vulneración a la dignidad de mi persona y familia".