Luego que el martes se informara que el Ministerio Público decidió consolidar diversas investigaciones de los casos de lío de platas que se estaban realizando en diferentes regiones del país, con el objetivo de organizar y optimizar los recursos destinados a estas causas. el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló este miércoles que esta es una gestión que estaba prevista como una segunda etapa y que se hacía así debido al actual conocimiento sobre el origen de los fondos transferidos.
“La primera fue aquella en la cual recibimos las denuncias, pero quedamos a la espera de un conjunto de informes de la Contraloría General de la República. Se realizaron primeras diligencias, cada región tuvo a su cargo los hechos que se habían cometido en sus respectivas, en los territorios de competencia de sus respectivas fiscalías regionales. Pero hoy día ya conocemos, en términos muy generales, pero en cantidad suficiente, el origen de los fondos transferidos en atención a los informes finales que hemos recibido del trabajo de la Contraloría”, afirmó.
En detalle, el jefe de la fiscalía señaló: “En atención a esa información es que hemos pasado a esta segunda etapa en la cual hemos dispuesto entonces a reasignar o redistribuir las investigaciones en torno a ciertas fundaciones. Por esa razón, es que hemos asignado un conjunto de investigaciones relacionadas con algunas fundaciones determinadas al fiscal regional de Tarapacá, don Raúl Arancibia; al fiscal regional de Antofagasta, don Juan Castro Oequios, y además al fiscal regional de Aysén, don Carlos Palma”.
Asimismo, expresó que “los equipos de fiscales van a seguir trabajando de manera coordinada, pero es producto de estos hallazgos y de este aumento de información disponible que hemos tomado esta decisión de reorganización del trabajo de investigativo”.
Al ser consultado si la fiscalía ha identificado “patrones comunes” entre todos los casos donde se investigan convenios irregulares, dijo: “Efectivamente, el antecedente adicional nuevo es este patrón común. Pero no habíamos podido identificar con claridad el origen de los fondos que se habían transferido a estas fundaciones”.
Uno de los últimos episodios en el caso convenios se vivió en torno a la fundación Democracia Viva. Esto luego de que los exmilitantes de Revolución Democrática Daniel Andrade, representante legal de la fundación, y Carlos Contreras, seremi de Vivienda de Antofagasta, fueran formalizados por fraude al fisco. Ambos quedaron en prisión preventiva. En ese caso, la fiscalía persigue los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda (Minvu) y la fundación ligada al partido RD.
