El fiscal nacional, Ángel Valencia, convocó durante esta jornada a los persecutores regionales de la Región Metropolitana para analizar medidas urgentes luego del nuevo asesinato de un carabinero en menos de un mes.
El crimen ocurrió anoche, cuando el cabo primero Daniel Palma se aprestaba a fiscalizar a los ocupantes de un auto, en Avenida Matta. Antes de que eso ocurriera, uno de los sujetos disparó contra el uniformado en la cara, lo que le costó la vida. La policía se encuentra trabajando para dar con el paradero de los responsables del crimen.
Valencia se reunió con los fiscales regionales metropolitanos Javier Armendáriz, de la zona Centro Norte; José Luis Pérez, de la zona Occidente; Héctor Barros, de la zona Sur y Lorena Parra de la zona Oriente. Tras la cita, el jefe del Ministerio Público señaló: “Es una mañana triste para todos los que trabajamos en la fiscalía”.
El fiscal nacional comentó que en la cita se acordó crear un equipo de trabajo que investigue, de manera conjunta, los homicidios en la Región Metropolitana. Además, dijo que los fiscales “han convenido fortalecer sus capacidades de compartir información y del trabajo conjunto para la investigación de las primeras diligencias de los homicidios”.
Además, los fiscales de la Región Metropolitana acordaron, dijo Valencia, que se solicitará la prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula nacional de identidad. Esto, hasta que se pueda comprobar su identidad efectiva.
“Todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento”, explicó.
Asimismo, dijo que solicitarán una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia para enfrentar “dos problemas”: Uno de ellos es el límite de los procedimientos abreviado. “Hoy en día no basta con las reglas que tenemos sobre el procedimiento abreviado. Ello dificulta nuestras investigaciones, las enlentece, sobrecarga el trabajo de los fiscales. Vamos a solicitar que los procedimientos abreviados tengan un límite de 15 años. Es decir podamos llevar a procedimiento abreviado en penas de 15 años, que nos asegure penas efectivas en delitos de esta naturaleza y otros delitos graves”.
Además, dijo que solicitarán al gobierno avanzar en “reglas más claras y precisas” en la identificación de extranjeros indocumentados. “Tenemos un problema grave que entorpece las investigaciones en lo que se refiere a la situación de extranjeros indocumentados, que no portan cédula de identidad”.
Cordero plantea dudas
Al ser consultado en La Moneda, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó dudas respecto a la capacidad de las cárceles para recibir un eventual mayor número de detenidos en prisión preventiva.
“Respecto a si tenemos o no capacidad en los centros penitenciarios (...). Es necesario que todos tengamos presentes que el número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año en particular. Y las proyecciones para los meses que siguen e inicio del próximo año son equivalentes”, dijo.
En esa línea, dijo que “lo que ha estado haciendo Gendarmería hasta ahora es habilitando nuevas plazas, pero es evidente que estamos en una situación de aumento especialmente de la prisión preventiva y que tiene discriminaciones distintas según sea la zona norte, centro o sur”.
Por otro lado, agregó que “ste es un mecanismo que el Ministerio Público ha anunciado por parte de la solicitud de sus fiscales. Corresponderá a los jueces acoger o no esas solicitudes”.
