En medio de la escalada por del debate entre oficialismo y oposición respecto a la intencionalidad en el origen de los incendios forestales, la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia, llamó a la comunidad a esperar el resultado de las investigaciones que están en curso, donde -afirmó- la intencionalidad y la negligencia no están descartadas.
El persecutor hizo un punto de prensa desde dependencias de la Fiscalía regional del Biobío, una de las zonas más afectadas por los siniestros forestales, tras reunirse con víctimas de los siniestros.
Con anterioridad, durante una visita de los dirigentes de Chile Vamos a su despacho, el fiscal Valencia había señalado que se encuentran trabajando especialmente para esclarecer el origen de los incendios forestales y aclaró que en la labor investigativa no se descarta ninguna hipótesis.
Sin embargo, esta tarde Valencia enfatizó en que “quiero ser claro, respecto de la cifra en materia de intencionalidad y negligencia, no vamos a entregar ninguna cifra, no lo vamos a hacer por responsabilidad. Estamos investigando todas las hipótesis, hay antecedentes de incendios causados de manera intencional y por negligencia”.
En esa línea, la máxima autoridad del Ministerio Público llamó a la ciudadanía a esperar el resultado de las investigaciones, con el fin de aportar con antecedentes más precisos.
“Le pido a la comunidad que esperemos el resultado de las investigaciones, una vez que tengamos el resultado de las investigaciones vamos a poder aportar antecedentes más precisos respecto a la cantidad de incendios y focos, porque cada incendio es un mundo, hay grandes incendios que tienen distintos focos a los cuales les vamos a atribuir intencionalidad, accidentalidad o negligencia”, afirmó el persecutor.
Además agregó que “las investigaciones están en curso y las investigaciones avanzan mejor cuando son reservadas, pero la intencionalidad no está descartada ni la negligencia”.
En otros puntos que se abordaron en la cita, Valencia informó de que se creó un equipo especial en la Fiscalía Nacional para coordinar los incendios como fenómenos de “macrozona”. Así, también se van a emplear todos los recursos informáticos y de análisis criminal, para “considerar todos los incendios de la zona sur como un gran evento criminal”.
Así, quien se hará cargo de la coordinación de la investigación de los incendios forestales en la zona será el abogado Cristián Paredes, quien era fiscal de La Araucanía.
“Nombré al abogado Cristián Paredes, quien era fiscal de La Araucanía, quien está a cargo de la coordinación de la Macrozona Sur para violencia rural, para que se haga cargo específicamente de la coordinación de la investigación de los incendios en la Macrozona Sur. Además, vamos a dictar un protocolo especial para la protección de víctimas de delitos violentos, que son víctimas de delitos previos a los incendios, que muchas veces como consecuencia de la catástrofe no se advierten”, afirmó Valencia.
Con respecto al protocolo, este contiene lineamientos para brindar un servicio igualitario, con estándares que permitan a las personas un adecuado ejercicio de sus derechos, aplicable a situaciones ocurridas en cualquier punto del país. Así, ante la denuncia de delitos vinculados a emergencias -en este caso incendios-, las personas deberán ser derivadas a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) para una intervención más especializada.
El protocolo define además la búsqueda activa de víctimas previamente ingresadas a los registros de la Fiscalía por violencia intrafamiliar, y así verificar su estado de afectación producto de la emergencia y evitar que se vean obligadas a solicitar ayuda a sus victimarios y volver a vincularse con ellos.
Oposición busca responsabilidad política
Desde la oposición han activado una ofensiva para buscar “responsabilidades políticas” en la gestión de la emergencia por parte del gobierno y acusan al Ejecutivo de minimizar la intencionalidad el origen de los incendios.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, fue uno de los representantes del gobierno que se sumó al debate de la intencionalidad. Este miércoles llamó a “tener cuidado” con el concepto que se ha instalado en la discusión pública y a diferenciarlo de aquel que está tipificado jurídicamente en el Código Penal.
“Hay que tener cuidado, porque desde el punto de vista legal, el concepto intencionalidad es un concepto que está focalizado jurídicamente en la discusión dolosa del incendio, es decir, con el fin concreto y específico de provocar un incendio y por eso las distinciones de pena en el sistema institucional chileno -con las decisiones que el propio Congreso tomó en 2013- son diferentes. Entonces hay que distinguir aquello que está en el debate público de aquello que corresponde jurídicamente”, señaló Cordero en conversación con Radio Infinita.
En ese sentido, el secretario de Estado recalcó que es importante hacer la distinción porque, entre otras cosas, cuando la fiscalía indaga este tipo de delitos “tiene un efecto en la pena y por lo tanto en el tipo de investigación que es bien distinta”.
Quien también respondió a la ofensiva de la oposición fue la ministra del Interior, Carolina Tohá: “El gobierno no solo no minimiza la intencionalidad, sino que la ataca con toda la fuerza que le entrega el estado de derecho”.
Y agregó que el Parlamento tiene instrumentos “para exigir responsabilidades”. “Así que si hay responsabilidades políticas, está muy bien que las busquen, me parece”, cerró.