El fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunió con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para abordar temas relacionados con la lucha al narcotráfico y, especialmente, el tema de demolición de las “narcocasas”.

Así, la máxima autoridad del Ministerio Público tras la instancia se refirió a los dichos del acalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien responsabilizó a La Moneda por el inicio de un sumario al interior de la fiscalía -revelado por La Tercera- para determinar si han existido irregularidades en la forma que ha recibido información.

“Durante dos meses hemos actuado con total transparencia, por eso el jefe del Ministerio Público dijo durante la mañana que era muy bueno que colaborara. En un giro inexplicable al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información, saquen sus conclusiones, sabemos lo que pasó. Nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”, deslizó el jefe comunal de La Florida.

Sobre la reunión, Valencia indicó que “he transmitido, que en mi calidad de fiscal nacional no corresponde que yo haga juicio respecto del mérito de las decisiones que los propios alcaldes o alcaldesas tomen en ejercicio de sus atribuciones. Los alcaldes tienen sus atribuciones, ellos adoptan las medidas y realizan las acciones que están dentro del marco de la ley para precisamente combatir el narcotráfico”.

Con respecto al sumario que abrió la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, este recaería en primera instancia sobre el fiscal Ernesto Navarro de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, luego de que se conociera que le habría enviado a Carter un correo electrónico con el detalle de 19 domicilios vinculados a investigaciones vigentes por ley de drogas y donde hay personas formalizadas y privadas de libertad.

“La Fiscalía de Alta Complejidad de la zona oriente realiza un gran trabajo de coordinación con los municipios de dicha zona y tiene todo mi reconocimiento. El Ministerio Público debe continuar colaborando con los municipios y con la comunidad. Además, es sano, virtuoso y conveniente que la Fiscalía comparta con la comunidad y los municipios el resultado de su trabajo”, aseveró Ángel Valencia.

Asimismo, y en relación al sumario interno en el ente persecutor, Valencia indicó que “conversé ayer con la fiscal Parra, entiendo que el objeto de la investigación interna que ella ordenó es para establecer lo que ocurrió. No quisiera particularmente pronunciarme, porque entiendo que es parte del objetivo de la investigación interna, pero insisto, los fiscales vamos a seguir compartiendo información con los municipios para rendir cuenta al trabajo que realizamos y transmitirlo a la comunidad (...). El detalle de esa información -compartida en el correo a Carter-, tiene que regirse a lo que establecen nuestras leyes y nuestra reglamentación interna”.

“Los fiscales no tenemos autorización ni atribuciones legales para ordenar la demolición de una casa. Mi preocupación se centra en el detalle de esa información que proporcionamos a los acaldes para informar a la comunidad del trabajo que realizamos, principalmente por la importancia de proteger a los vecinos, proteger a los municipios que nos entregan información y proteger la seguridad de los fiscales”, cerró la máxima autoridad del Ministerio Público.

La alcaldesa de Peñalolen, Carolina Leitao, también se refirió a la demolición de las “narco-casas” y aseguró que “cada alcalde puede tomar la decisión que quiera y que amparada por la ley pueda hacer en el ejercicio de su cargo”.

Si bien la autoridad comunal señaló que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia son las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía, Leitao enfatizó en que la demolición de las “narco-casas” “no es el camino que al menos yo voy a seguir, nosotros hemos seguido otro camino, que tiene que ver con el tema patrimonial del narcotráfico que creo que puede ser mucho más eficiente”.

Sin embargo, indicó que no le corresponde pronunciarse con respecto a la medida de Carter, dado que primero uno “tiene que mirar los resultados”.

“No quiero hoy día pronunciarme respecto si otras acciones que puedan ejercer el acalde Carter u otros puedan ser cuestionadas, porque la verdad uno tiene que mirar los resultados. Yo esperaría y revisaría los resultados del objetivo que se quiere lograr, aquí lo que se ha aplicado es una norma que es la ordenanza general de urbanismo y construcción, para demoler ampliaciones irregulares en casas que han sido denunciadas por narcotráfico, es una fórmula que hay que analizar y revisar si va a tener o no los resultados que se quieren tener”, aseguró la autoridad comunal de Peñalolen.

Leitao también indicó que ha estado trabajando en coordinación con la Fiscalía, donde están elaborando un plan piloto para recibir viviendas que han sido decomisadas a narcotraficantes.

“Nosotros hemos avanzado bastante más allá en el tema de recibir y en un plan piloto que justamente hizo la Fiscalía para recibir viviendas que han sido decomisadas a narcotraficantes para poder administrar, obviamente queremos seguir avanzando en esa tarea. Se lo hemos planteado al fiscal en el sentido de que esto funcione, como es un plan piloto, hemos detectado cuales son las fortalezas y debilidades de este proceso y queremos que esto avance”, cerró la alcaldesa Leitao.