Por homicidio calificado fueron formalizados hoy los cuatro marinos acusados por la muerte de un hombre adulto en condición de discapacidad, en un hecho ocurrido la madrugada del viernes 19 de mayo, en la vía pública en Iquique.
El fiscal Francisco Almazán relató los hechos señalando que los marinos, identificados con las iniciales C.A.G.S., B.B.F.M., S.M.P.N. y P.I.C.G., se encontraban de franco, por lo que esa noche salieron a “distintos lugares nocturnos”. En ese contexto, sin entregar más detalles, dijo que los sujetos “sostuvieron una discusión” con la víctima, Milton Domínguez Moreno, un hombre de 60 años, de nacionalidad colombiana, que además de tener discapacidad en una pierna vivía en la calle.
De acuerdo a lo explicado por el fiscal, los sujetos lo golpearon con manos y pies, además de utilizar objetos contundentes, como la propia muleta del hombre. Le provocaron varias fracturas y contusiones que le terminaron costando la vida. El persecutor dijo que los sujetos estaban bajo los efectos del alcohol y “todos estaban muy agresivos”, incluso con personal de Carabineros.
El viernes, día en que tres de ellos fueron detenidos, la Armada informó que estos fueron dados de baja. Esa jornada la ministra de Defensa, Maya Fernández, catalogó el hecho como “inaceptable y doloroso”. El viernes por la noche se indicó que un cuarto marino había sido aprehendido.
Según señaló el propio fiscal, uno de los planteamientos de los acusados es que habrían sido asaltados y salieron a buscar a los responsables de ese supuesto hecho. El representante del Ministerio Público detalló que los imputados cuentan con causas pasadas, no judicializadas, relacionadas a delitos por lesiones contra otras personas. “Uno puede encontrar explicación de la agresividad y del nivel de violencia que los imputados ejercieron en contra la víctima”.
El fiscal pidió la prisión preventiva para los cuatros sujetos.
Las defensas
A su turno, los abogados defensores entregaron sus planteamientos sobre el caso. Por ejemplo, el abogado de P.I.C.G., Marcelo Lara, mostró una serie de videos donde se pudo apreciar la participación de su defendido en el hecho y la interacción que este tuvo con la víctima.
En esas imágenes se ve a P. C. encarando a la víctima. Según señaló, el delito que se le debería imputar es dolo lesivo y que el homicidio calificado es “desproporcionado”.
La abogada defensora Pública Andrea Norambuena, quien representa a C.A.G.S., dijo que antes de que ocurrieran los golpes contra la víctima, un sujeto, de nacionalidad colombiana, a eso de las 4 de la mañana, les había pedido dinero “de manera prepotente”, cuestión que los imputados respondieron de manera negativa.
Según dijo la abogada, en ese minuto, otros sujetos intercedieron y asaltaron a los marinos. Todos huyeron, pero la víctima fue alcanzada. “Mi representado temió por su vida y producto de ello su reacción”, dijo, y agregó que dio “un solo golpe” con una correa.
Resolución
Después de más de cuatro horas de audiencia, la jueza Verónica Opazo entregó la resolución. La magistrada sostuvo que en este caso no concurría la alevosía que alega el Ministerio Público, por lo que correspondía recalificar jurídicamente el delito como homicidio simple. “No hay una premeditación en orden a aprovecharse de la condición de la víctima”, afirmó, sosteniendo que quedó en evidencia que el ataque no fue en consideración de que el sujeto era discapacitado.
Así las cosas, en cuanto al grado de participación de cada uno, dijo que S.M.P.N. tuvo la mayor responsabilidad en el delito. En los videos se aprecia que este fue el marino que agredió a la víctima con las muletas en la cabeza. “En su caso estamos ante el autor de quien toma parte de ejecución del hecho de manera inmediata y directa”, dijo la jueza. “Actúa de manera mucho más violenta y repetitiva en cuanto a las agresiones a la víctima que los demás imputados”.
Los otros tres, sostuvo la jueza, de igual modo están en calidad de autores, pero de presenciar el delito sin tomar parte inmediata en él. De todas formas, señaló, no hicieron nada para evitarlo. “No se aprecia prácticamente ninguno de ellos haciendo alguna acción concreta, precisa y eficaz en orden de tratar de detener esta golpiza”.
Tras entregar sus planteamientos, la jueza decretó la prisión preventiva para todos los imputados. Los marinos deberán cumplir la medida cautelar en una unidad naval. Además, se fijaron 120 días para la investigación.
