El Ministerio Público consiguió que se revirtiera la decisión del juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, que el miércoles dio la orden a la fiscalía local de entregar a las defensas de los imputados la identificación de los testigos protegidos, en el marco una causa contra el clan Los Gallegos, grupo que funciona como brazo operativo del Tren de Aragua en esa ciudad.
La mañana de este jueves, la Corte de Apelaciones dio lugar a la orden de no innovar que pidió la fiscalía en el recurso de protección presentado en favor de los testigos protegidos con identidad reservada de esta causa. Esto suspende resolución de juez que ordenaba entregar sus nombres a las defensas de los imputados.
La orden del juez había generado indignación también en el gobierno. De hecho, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó el miércoles que también se presentó un recurso para establecer la nulidad procesal de esta decisión.
El fiscal regional de Arica y de Parinacota, Mario Carrera, se refirió este jueves a las acciones que se han llevado a cabo como medida de protección para los más de 50 testigos en la causa.
“De los 56 testigos, no hay ninguno que debería estar en la ciudad de Arica en estos momentos, a todas estas personas civiles los reubicamos”, apuntó el persecutor en entrevista con Radio Universo.
En ese sentido, agregó que “de los recursos que tenemos nosotros que hemos invertido en la protección de esas personas, en su reubicación, en darles un alojamiento en otro lugar, lo que nos da cierto margen para esperar la resolución del día de hoy, para ver cómo nos va en el tribunal, en la corte y si hay que tomar otra decisión a futuro”.
Sobre los efectos que podría tener una orden de entregar información que contiene los nombres de testigos protegidos, el fiscal regional apuntó: “Estamos pidiendo la certificación de si los sobres con los nombres de los testigos fueron retirados y quién los retiró, porque ahí también puede haber una irregularidad en torno al tenor concreto de lo que se ordenó ayer, que no fue retire, si no que coordínese el retiro, que son términos jurídicos distintos. Hay que ver si se entregaron, en qué tenor se entregaron, porque eso incluso puede dar pie a la apertura de una causa penal”.
Carrera explicó que “esta es una causa reservada, por lo tanto, si no hubo pulcritud en la entrega de la información de cualquier naturaleza, efectivamente lo que correspondería es abrir una causa penal, tanto es así que no cualquier fiscal o funcionario de mi repartición puede tener acceso a esa carpeta, solo el fiscal a cargo y el equipo puede tener acceso a todos los antecedentes de esa investigación”.
“Hoy día la preocupación del Ministerio Público está en las víctimas, en los testigos, y eventualmente en los funcionarios judiciales y de la Policía de Investigaciones”, recalcó.
Sobre la causa detalló: “Nosotros acusamos en esta causa a 44 personas, no son los únicos porque hay detenciones posteriores que no las incluimos acá, pero están relacionadas. Efectivamente, pedimos cerca de 11 presidios perpetuos, acusamos por más de 22 delitos, por lo tanto, hablamos de una causa bastante contundente desde el punto de vista de lo investigativo”.
El persecutor además se adelantó a lo que será el juicio en esta causa, asegurando que Arica no tiene las condiciones para que se desarrolle en la ciudad: “Habrá que tomar decisiones como Estado bastante complejas en su momento, de dónde vamos a hacer este juicio, porque Arica no tiene las condiciones para hacer un juicio de estas características, con una organización de estas características, imagínese el resguardo que tendría que tener el tribunal, en los traslados, no hay el personal hoy día policial ni de Gendarmería para hacer esto en Arica”.
“Es una cuestión que va a tensionar nuestro sistema, derechamente si hay que hacer una modificación legal creo que es el momento, creo que ya hay luces en ese sentido, porque este juicio debería trasladarse a la ciudad de Santiago, a una sala como las que hay en el Centro de Justicia, esas grandes con graderías y además donde no hay traslado por la vía pública de ninguna de estas personas, porque el Centro de Justicia está conectado directamente con la cárcel a través de un túnel. O hacerlo derechamente de manera telemática con todos los encausados, que es una opción que la vivimos en pandemia”, apuntó.
