Fiscal Valencia propone modificar el Código Procesal Penal para dar más atribuciones a las policías en investigaciones

“Hace más de un año asumí el reto de liderar esta institución, en un contexto donde el país enfrentaba desafíos sin precedentes en materia de seguridad, crimen organizado y la sensación de impunidad respecto a delitos económicos”.

Así partió este viernes el discurso del fiscal nacional Ángel Valencia por la cuenta pública del Ministerio Público, en la que estuvo presente el Presidente Gabriel Boric y otras autoridades de Estado.

En su segunda cuenta pública desde que asumió el cargo, Valencia hizo un repaso de la gestión realizada por la fiscalía durante 2023. Por ejemplo, destacó la creación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) el 30 de octubre de 2023. “Este proyecto innovador tiene como objetivo principal mejorar la eficacia en la persecución penal de delitos graves como homicidios y secuestros, a través de un enfoque sistemático y multidisciplinario, especialmente en las primeras etapas de investigación”, explicó Valencia.

Desde su implementación, dijo, “los equipos ECOH han demostrado ser un componente esencial en la estrategia de seguridad pública del país”. Actualmente, el equipo Ecoh cuenta con 70 fiscales preferentes a nivel nacional, respaldado por un equipo multidisciplinario.

“A marzo del presente año, se registraron 365 casos de homicidios y secuestros a nivel nacional, siendo la Región Metropolitana la más afectada. A pesar de un incremento significativo en la carga de casos hacia el final del año, los ECOH han mantenido una eficiencia notable, con un promedio de asistencia al sitio del suceso de 90 minutos”, dijo el jefe de la fiscalía.

En cuanto a los resultados obtenidos por los fiscales de ECOH, enumeró: “Se observa un aumento de 28,2% en la tasa de casos con al menos 1 formalizado para homicidios consumados asociados a crimen organizado luego de la implementación de este equipo. Asimismo, existe un incremento de 60,5% en la tasa de imputados formalizados para homicidios consumados asociados a crimen organizado. En casos de secuestro, hay un aumento de 107% en la tasa de casos con al menos 1 formalizado asociados a crimen organizado. Finalmente, existe un aumento de 88% en la tasa de imputados formalizados para secuestros asociados al crimen organizado”.

Amparándose en el Artículo 21 de la Ley orgánica constitucional del Ministerio Público, Valencia entregó algunas propuestas y modificaciones legales para mejorar la persecución penal.

Una de esas propuestas fue una “reforma” al Código Procesal Penal, “para que el fiscal nacional pueda impartir instrucciones generales a las policías que les permitan, en ciertas categorías de delitos y conforme la situación lo haga recomendable, delegar o conferir a Carabineros, PDI, Gendarmería de Chile y la Policía Marítima mayores atribuciones para realizar, sin orden previa del fiscal, las primeras diligencias de investigación de forma inmediata”.

“Necesitamos una regulación más moderna en materia de atribuciones policiales, tratándose de primeras diligencias de investigación en delitos comunes, que nos permita contar con mejores y más oportunos antecedentes y así reducir nuestros niveles de archivo provisional”, explicó.

Valencia criticó que la normativa actual no permite al fiscal nacional impartir instrucciones generales a las policías “para que, en zonas urbanas, practiquen de inmediato las primeras diligencias de investigación pertinentes, aun tratándose de delitos comunes y de menor complejidad. Sabemos que mientras el tiempo avanza, la verdad huye, y no es razonable que en todos los casos en que no hay detenidos flagrantes se requiera instrucción previa del fiscal”.

En otra de sus propuestas se refirió al arresto domiciliario y al abono a condenas. “El arresto domiciliario debe ser reservado solo a casos con bajo riesgo de fuga, nulo riesgo de reiteración y ninguna peligrosidad para la posible víctima, pero debe estar regulado de un modo que; primero, no existan incentivos para la dilación de procedimiento y, segundo, no eluda la evaluación técnica del efecto en sus posibilidad de reinserción social de que no haya cumplido su pena en una cárcel. No podemos tener un nuevo Anexo Capuchinos, pero ahora privatizado”, dijo.

“En el camino de reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, es importante dar señales claras de que en Chile no se permite la impunidad”, dijo.

Otra propuesta legislativa de Valencia fue incrementar las penas para quienes ocasionan incendios por negligencia. “A propósito de lo ocurrido en febrero de este año en la región de Valparaíso, y la catástrofe de 2023 en el centro sur de Chile, me permito reiterar la necesidad de reformar nuestra ley penal”.

Por otra parte, Valencia se refirió a los casos que involucran convenios presuntamente ilegales entre fundaciones y organismos de gobierno, así como también a las investigaciones en distintos municipios del país por hechos de corrupción.

“La Fiscalía Nacional ha intensificado su enfoque en la lucha contra la corrupción, enfatizando en la importancia de brindar un apoyo efectivo y de calidad en la investigación de delitos vinculados a la corrupción y el lavado de activos”, dijo antes de introducir las cifras.

“Este esfuerzo ha sido especialmente notable en el tratamiento de las denominadas “Causas Convenios MINVU y GORE´s”, donde nuestra unidad ha logrado establecer una colaboración significativa con otras instituciones, facilitando la realización de diligencias oportunas y la organización de jornadas de trabajo con los equipos investigativos. Así, en total y a menos de 1 año desde el inicio de las investigaciones, se ha formalizado a 22 imputados en casos referidos a seis fundaciones, por un monto de perjuicio fiscal que supera los 3 mil millones de pesos”, complementó.

Valencia adelantó que para 2024 se tiene previsto ejecutar el Plan de fortalecimiento de la persecución penal en materia de corrupción municipal y gobiernos regionales 2024- 2027. “Este compromiso se alinea con los esfuerzos iniciados por la Fiscalía Nacional en 2023, donde se ha dado prioridad a la investigación y persecución penal de los delitos de corrupción, con un foco particular en los ámbitos municipales y regionales”, agregó.

Asimismo, en su alocución Valencia se refirió a las labores que ha hecho la fiscalía para combatir el crimen organizado. En ese sentido, comentó las reuniones que ha sostenido con algunos países vecinos. “Este año, hemos consolidado vínculos esenciales con países clave en este combate: Bolivia, Perú, Argentina y Colombia, derivando en una cooperación más estrecha y efectiva”.

“Nuestra visita a Argentina, Perú y Bolivia, junto con la estadía en Chile del Fiscal General de Colombia, no han sido meramente ceremoniales, sino catalizadores de un impulso renovado hacia la acción conjunta”, dijo. “Este año, con la conformación de dos Equipos Conjuntos de Investigación (ECIs) con Colombia y Argentina, hemos dado pasos firmes en esa dirección”, agregó. Dichos equipos están dedicados a combatir el tráfico de drogas y el contrabando.

“Hemos comprobado que las agrupaciones aprovechan las características del medio físico y social para sus operaciones, incluyendo el uso de pasos fronterizos y rutas marítimas, así como la explotación de zonas con desafíos socioeconómicos para reclutar a individuos vulnerables”, finalizó sobre este punto.

Por otra parte, el fiscal nacional destacó la creación en 2023 de la “Unidad Especializada en Derechos Humanos”. Dicha entidad está “destinada a fortalecer las políticas y planes nacionales en materia de derechos humanos dentro del Ministerio Público, y ofrecer asesoría especializada a fiscales en la persecución penal de casos de violencia institucional”.

“La creación de esta Unidad refleja el compromiso de la Fiscalía con los derechos fundamentales y la justicia para todos los ciudadanos. Entre los desafíos estratégicos que enfrenta, destaca la transversalización de un enfoque de derechos humanos en la persecución penal, especialmente relevante cuando se trata de personas pertenecientes a grupos de especial protección por parte del Estado” explicó.

Para la parte final de su discurso, remató: “Estamos en un momento clave y quiero reiterar la promesa que hemos señalado, combatir decididamente el crimen organizado, especialmente transnacional, la corrupción pública y nuestro compromiso inquebrantable con la justicia y la seguridad de todos los chilenos y chilenas”.