El ataque incendiario que dejó 50 camiones calcinados en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Quilaco, Región del Biobío, puso en alerta al Ejecutivo que salió a condenar enérgicamente el violento hecho que también resultó con dos guardias de seguridad heridos.

Junto con los duros reproches del Presidente Gabriel Boric, además el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que presentarán una querella por Ley Antiterrorista.

En esa línea, si bien el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que el gobierno puede interponer las querellas que estime correspondientes, igualmente precisó que los persecutores son los que determinarán la ley que aplique al caso.

En conversación con radio Pauta, el líder del Ministerio Público señaló: “El gobierno puede presentar las querellas que conforme a sus atribuciones y puede emitir opiniones jurídicas, pero finalmente son los fiscales los que definen cuál es la ley aplicable”.

De todas formas, reconoció que “a la luz de los antecedentes que están disponibles en la prensa, efectivamente pareciera que la Ley Antiterrorista fue modificada y promulgada para, entre otros casos, situaciones como las que hemos podido advertir que habrían ocurrido este fin de semana”.

Sin embargo, aclaró que “hay que estar atentos a los resultados de las últimas diligencias que hayan encargado los fiscales, aquellos hallazgos que pueda efectuar la policía para los efectos de determinar más información de la preliminar que se me ha proporcionado”.

Al ser consultado sobre la designación de un fiscal especial para la causa, manifestó que hasta ahora está a cargo la persecutora regional, Marcela Cartagena, aunque indicó que “son decisiones que en cualquier momento podrían cambiar”.