Fiscales con más de mil causas: informe de Horizontal advierte falta de persecutores y propone medidas para mejorar eficiencia del Ministerio Público

El 2015 se promulgó la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, la cual -entre otros cambios- creó 122 nuevos cargos de fiscales. Pese al aumento en el número de persecutores ese año, según un informe elaborado por el centro de estudios Horizontal, el país presenta un importante déficit en la cantidad de funcionarios a cargo de las investigaciones, lo que, según el análisis, afectaría en parte los resultados de las indagatorias. Por lo mismo, proponen una serie de cambios que debiesen introducirse a la entidad persecutora.

El análisis realizado por el centro, denominado “Ministerio Público, análisis y propuestas”, sostiene que desde la publicación de la ley que fortaleció el Ministerio Público, el aumento en la dotación -hasta 2021- fue de 20%, contando actualmente con 4.597 funcionarios. Pese a aquello, sólo 768 de estos son fiscales. La cifra, según el análisis realizado con base en los informes anuales de fiscalía, demuestra que en Chile existen 4,5 persecutores por cada 100 mil habitantes.

De hecho, existen regiones del país que cuentan con menos de estos funcionarios que el promedio nacional. Este listado lo encabeza la Fiscalía de O’Higgins, con 3,1 persecutores por cada 100 mil habitantes, seguida de Ñuble (3,1), Biobío (3,5), Los Lagos (3,5), Coquimbo (3,6), Valparaíso (3,8), la Región Metropolitana con 3,9, además de Los Ríos (3,9), Antofagasta (4,4), La Araucanía (4,4) y Tarapacá, con una tasa de 4,5 fiscales.

La situación del Ministerio Público del país se aleja a lo que ocurre en otras realidades. Por ejemplo, el informe de Horizontal expone que países como Estados Unidos el 2001 contaban con 12,3 fiscales por cada 100 mil habitantes, mientras que otros como Canadá registran una tasa de 6,2 persecutores.

El año pasado la fiscalía debió abordar 1.359.885 casos. Si bien el análisis del centro de estudios sostiene que la reforma de 2015 permitió mejorar los índices de eficiencia del Ministerio Público, también revela una compleja situación para el trabajo de los fiscales.

En cifras citadas por la investigación se expone que en promedio el año 2022 cada fiscal debió investigar 1.771 causas, lo que se aleja del estándar que debiese tener un persecutor para seguir correctamente una investigación. Esto refleja que, en promedio, cada funcionario encargado de las investigaciones el año pasado revisó 4,8 casos por día.

Alfonso España, investigador de Horizontal y autor del documento, plantea que la fiscalía necesita reformas que permitan hacer más eficiente su labor en la persecución del delito. Esto, porque según expone el análisis, “actualmente la institución todavía no ha alcanzado las capacidades para hacer frente a la cantidad de causas que ingresan anualmente, y ese es un déficit que entorpece todo lo demás, por ejemplo, la identificación de imputados, los días de tramitación de las causas, etc”.

Lo anterior es apoyado por las cifras que expone el documento de Horizontal, pues durante la última década el número de causas con imputado desconocido van al aumento, teniendo un peak el 2022 cuando el 59% de las investigaciones iniciadas fueron sin un imputado. Además de eso, en aquellos casos que tienen un sospechoso, sólo el 26% tuvo una audiencia de control de detención.

Además de eso hay otros índices que reflejan la actual situación de las causas indagadas por el Ministerio Público. Por ejemplo, si el 2012 el 43% de los casos tuvieron una salida judicial, el año pasado esa cifra bajó al 34%. Junto con eso, el tiempo que tardan los procesos judiciales sufren un abrupto aumento. Si hace una década las causas tardaban 146 en promedio de tener una salida, el 2022 ese promedio llegó a 388 días.

El centro de estudios Horizontal propone 16 medidas para mejorar la eficiencia y efectividad del Ministerio Público. La primera de ellas es incorporar 394 nuevos fiscales, llegando a un total de 1.182 persecutores a nivel nacional. Aquello permitiría reducir al promedio de 1.150 causas por año que tendría que ver cada fiscal, lo que equivale a tres casos por día.

Además de eso, proponen que las próximas discusiones que planteen al Código Penal, incorporen un informe sobre los recursos que necesitarán la fiscalía y policías para conocer el impacto que implica aplicar la nueva normativa. También plantean mejorar el orden y colaboración interno del trabajo del Ministerio Público, creando fiscalías supraterritoriales. En esa línea, se pide una reorganizar a las unidades especializadas y propone otras medidas, como dar la capacidad a la fiscalía de fijar la política criminal de las policías, así como también capacitar a los funcionarios de estas instituciones para que mejoren la consignación de hechos. Otras de las medidas a tomar según el centro de estudios está en realizar un catastro a los instrumentos tecnológicos, focalizar la persecución penal de los delitos según criterios de daño, incorporar delitos al sistema de análisis criminal, crear una base de datos con la información de teléfonos y computadores incautados y formar la Unidad de Seguimiento de Activos Financieros en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que se encargue de hacer seguimiento a los dineros y activos ilegales.

Finalmente, Horizontal propone definir un criterio de éxito en las investigaciones penales y relacionarlo con indicadores y metas de los fiscales, crear un reconocimiento para persecutores, además de encomendar un informe de tiempos de tramitación, incorporar los días de investigación a los informes estadísticos y evaluar transitar de cargos de exclusiva confianza del fiscal nacional a puestos directivos por mérito.

A juicio de España, “esperamos que a través de estas propuestas, por ejemplo, el aumento en la cantidad de fiscales reduzca la cantidad de imputados desconocidos, haya un aumento en las audiencias de control de detención, se reduzcan los días de tramitación de causas, entre otras”.

Sin embargo, concluye que también debe existir una mejor coordinación interna del Ministerio Público y con el resto de organismos que colaboran en las investigaciones.