Conductas “eventualmente constitutivas de delito” son las que el fiscal nacional, Ángel Valencia, busca esclarecer tras instruir la apertura de una causa penal luego de detectar presuntas irregularidades en el proyecto informático Red de Gestión Penal (RGP), iniciativa que reemplazaría al actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).
Esta medida adoptada por el jefe del Ministerio Público ocurre luego de revisar un oficio remitido por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien lleva adelante, desde febrero de este año, las indagatorias administrativas que apuntan a determinar el retraso del proyecto RGP.
En dicho escrito, el persecutor advierte de estas conductas, eventualmente constitutivas de delito, por el no cobro de multas de algunos contratos suscritos en la administración anterior y autorización de facturación indebida, entre otros hechos.
Al respecto, el fiscal Valencia ordenó a la División de Contraloría Interna remitir un informe respecto de los hitos relacionados con la ejecución administrativa y financiera de cada uno de los contratos suscritos durante la gestión anterior y, a su vez, contratar una auditoría externa que permita revisar, desde el punto de vista de las técnicas informáticas, el desarrollo de Red Gestión Penal.
Por lo anterior, el fiscal nacional citó a una reunión de persecutores regionales para informar la decisión adoptada, decidiendo que uno de ellos estuviera a cargo de esta arista penal, con el fin de esclarecer lo denunciado en el oficio y asimismo, conocer las eventuales responsabilidades.
