El 29 de diciembre y en audiencia telemática, la fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la investigación contra el relleno sanitario El Molle, ubicado en la parte alta de Valparaíso, por su presunta responsabilidad en la contaminación del estero El Sauce, que abastece a la localidad rural de Laguna Verde, donde solo 600 familias (de 15.000) tienen suministro a través del sistema de APR.

La crisis hídrica en la zona ha enfrentado recientemente a las autoridades. El gobernador Rodrigo Mundaca criticó al alcalde Jorge Sharp por pedirle recursos para un “Plan Maestro” para el sector -donde han proliferado los loteos irregulares-, sin presentar un proyecto asociado.

El Ministerio Público decidió cerrar la investigación, “por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, señaló el fiscal adjunto de Valparaíso, Javier Carrasco.

Durante la indagatoria se dio a conocer un informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI. Este escrito “concluye la existencia de contaminación ambiental producto del funcionamiento del vertedero”, informó el mismo fiscal Carrasco a la Corte de Apelaciones.

El análisis policial detalla que el afluente que proviene del vertedero “presentó una concentración que supera 100 veces el límite máximo utilizado de referencia” y que el agua de pozo “presenta concentraciones de manganeso y cloruros que superan el límite máximo indicado por normativa”.

El persecutor fue requerido por el tribunal de alzada en el marco de un recurso de protección, presentado por la abogada Consuelo Requena en contra de Girsa SpA (administradora del relleno), la Municipalidad de Valparaíso y la Seremi de Salud, por la privación, perturbación y amenaza a los derechos a la vida e integridad física y psíquica, y a vivir en un medio libre de contaminación, el que fue acogido por la corte en agosto de 2019.

La abogada señala que presentó el recurso “a raíz del informe de la Seremi de Salud de fines de 2018, que dice que los pozos ubicados en el pueblo no son aptos para el consumo humano y, no obstante, se vende a la comunidad agua extraída de ellos, situación que no solo era de conocimiento de la Seremía, sino también de la Municipalidad de Valparaíso”.

Aunque el tribunal ordenó adoptar medidas para proteger la salud de los habitantes y erradicar la venta de agua contaminada, “el cumplimiento de la sentencia ha sido irregular, tanto por parte de las autoridades como de la empresa”, indica la profesional. Según Requena, la situación persiste: “El agua que baja por el salto Los Molles debería medir 200 de conductividad (indicador que refleja contaminación) y hace unas semanas medía 8.000. Cuando interpuse el recurso, medía 6.000″.

Julia Poblete, presidenta de la Junta de Vecinos 137-b de Laguna Verde, cuenta que la falta de agua se arrastra “desde hace 10 años o más” y que el recurso que extraían de pozos particulares “ya no se puede tomar, porque están muy contaminados con minerales y percolados”.

El informe de la PDI había sido requerido por el municipio, que, con patrocinio del director jurídico Nicolás Guzmán, presentó la querella que abrió la causa en abril de 2018. Pero en la audiencia de término, los abogados de la municipalidad no tuvieron “nada que señalar”, dice en un escrito el juez de Garantía Camilo Obrador.

Guzmán explicó que el municipio, como querellante, no tiene la facultad “de oponerse o impugnar la comunicación de decisión de no perseverar, ya que la misma es una mera comunicación y no requiere aprobación judicial y, por tanto, la resolución que al respecto se pronuncie solo tiene por comunicada dicha atribución exclusiva del Ministerio Público, sin que exista un verdadero pronunciamiento jurisdiccional al respecto”.

La querella presentada por la alcaldía se dirigía -señala- “en contra de todos aquellos que resulten responsables, por la comisión de los delitos contemplados en el Artículo 291 del Código Penal y 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura”.

El primero refiere a “los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos (...) que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población”. El segundo, al que “sin autorización (...) introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos”.

La acción judicial da cuenta del contrato de concesión entre el municipio y Girsa SpA, adjudicado en junio de 2001 para la administración del relleno sanitario, para el uso exclusivo de la “recepción, tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios, industriales y/o asimilables no tóxicos de la comuna de Valparaíso”.

Actualmente, Girsa ejecuta un programa de cumplimiento, aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), luego de que esta le formulara cargos en agosto de 2020 por “un deficiente manejo operacional del recinto, lo que podría generar un posible daño al medioambiente y a la salud de las personas”.

En octubre de 2021, la alcaldía extendió el contrato de concesión con Girsa SpA por un plazo máximo de 36 meses. Según señaló el municipio, el nuevo convenio “implica incrementar el estándar medioambiental, mayores beneficios económicos e ingresos para la comuna, participar de actividades conexas, uso gratuito del relleno sanitario”.

Para la ambientalista Ximena Ugalde, integrante de la ecoagrupación Estero Cabritería, Red Parque Cabritería y Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), dicho acuerdo fue “tremendamente nocivo para el medioambiente, pero también para la economía de la ciudad. Si bien se argumentó una posible ganancia económica para el municipio, desde el mundo técnico ambientalista sabemos que ese beneficio será momentáneo y muchísimo menor de lo que significará el gasto municipal terminados los tres años de extensión del contrato”.

Ugalde se refiere al cierre del relleno sanitario, estimado para 2030, proceso que involucrará gastos “sin ingresos por concepto de disposición de residuos, es decir, serán tres años de ‘ganancia’, con costos irreparables para el medioambiente, que además significará una perdida económica para el municipio (...), ya que es bien difícil que alguien quiera licitar la administración de un relleno sanitario solo para su cierre definitivo”.

Consultada la propietaria de Girsa SpA (la transnacional francesa Veolia) sobre la decisión de la fiscalía, esta aclaró que la investigación se inició antes de tomar control sobre el relleno sanitario, en enero del 2020. Previamente, la dueña era Stericycle.

Desde entonces, “hemos estado concentrados en llevar a cabo el plan de cumplimento y en contribuir en la mejora operacional de este centro de disposición final, así también llevando a la práctica nuestra política de buenos vecinos y puertas abiertas que tenemos a nivel global, para mantener una comunicación constante con las comunidades donde estamos presentes”, señaló Veolia.