Fiscalía de Atacama inicia investigación por millonario convenio de Fundación Comprometidos con Ministerio de Vivienda

Fachada del nuevo edificio de la Fiscalía

La entidad recibió $128 millones por una colaboración en el marco de programa de asentamientos precarios cuando registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.


Esta tarde, la Fiscalía de Atacama anunció el inicio de una nueva investigación por convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda.

Esto, luego de que se diera a conocer que la Fundación Comprometidos se adjudicó -en diciembre de 2022- un convenio de colaboración con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para una colaboración para el plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, por un total de $ 128 millones, en el marco del programa de asentamientos precarios, cuando registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.

En marzo de este año, se añadieron -de acuerdo a la información tributaria de la fundación- dos actividades económicas más en la entidad: “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.

Esta nueva investigación se suma a las ya iniciadas por el Ministerio Público a la Fundación Democracia Viva, en Antofagasta, y a la ONG Urbanismo Social, en Maule.

El fiscal regional (s) de Atacama, Christian González Carriel, señaló que la diputada RN Sofía Cid presentó una denuncia para que se indaguen estos hechos.

“La denuncia formulada por la diputada CID no viene por delito determinado ni es contra persona determinada, sino que es para que se investiguen los hechos. Nosotros como Ministerio Público nuestra obligación constitucional y legal es iniciar una investigación entonces para determinar si en estos hechos hubo o no delitos y en el evento de haber delitos, si hay o no responsables de los mismos”, agregó el fiscal González.

Este jueves, la seremi de Vivienda de Atacama, Rocío Díaz, instruyó un sumario administrativo y derivar el asunto a la Contraloría Regional tras el conocimiento público de este caso.

Ayer, a través de una declaración a La Tercera, la Seremi de Vivienda de Atacama justificó que el convenio “se realizó en un contexto de urgencia para proveer de manera rápida una solución intermedia de entrega de agua potable a cuatro campamentos de la comuna de Copiapó, dado que, en un mes, estas familias quedarían sin entrega de agua potable”.

Este viernes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, informó que se están reuniendo los antecedentes. “Nosotros no nos quedamos solamente por noticias sin fundamento, necesitamos antecedentes y, a partir de eso, actuar. En todo caso, lo que hemos decidido es que el mismo equipo que estuvo en Antofagasta y está hoy día en Maule, también reúna y ya solicitó antecedentes de la situación de Copiapó”, explicó.

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