Fiscalía de Coquimbo inicia investigación de oficio por filtración de antecedentes de caso Cariola
La presidenta de la Corporación es indagada por el Ministerio Público por un eventual tráfico de influencias.
La Fiscalía Regional de Coquimbo inició este sábado una investigación de oficio por la filtración de antecedentes de la indagatoria por presunto tráfico de influencias de la que es objeto la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC).
La congresista es investigada por presuntas gestiones que habría realizado en favor de empresarios y asesores de su círculo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Las conversaciones entre ambas están contenidas en un informe elaborado por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, que fue revelado esta jornada por La Tercera.
Al respecto, en un comunicado difundido por la Fiscalía Nacional, se dio a conocer que la indagatoria de oficio buscará “esclarecer si ha existido la filtración de antecedentes reservados de la investigación y, en su caso, establecer responsabilidades conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del Código Penal, que sanciona la violación de secreto”.
“El Ministerio Público reitera su compromiso con el debido proceso y la protección de la reserva de las investigaciones, elementos esenciales para el correcto desarrollo de las diligencias y la garantía de los derechos de todas las partes involucradas”, aseguraron.
El ente persecutor, además, llamó a la responsabilidad en el manejo de la información reservada y sostuvo que “su divulgación indebida puede afectar la dignidad de las personas, el éxito de las investigaciones y la administración de justicia”.
Defensa de Cariola sale al paso por filtración
El abogado defensor de Cariola, Juan Carlos Manríquez, apuntó a que desde la Fiscalía Nacional deben instruir al fiscal Marco Pastén, quien está encargado de investigar las filtraciones en este tipo de causas, a “investigar esta grosera burla a los jueces y a la ciudadanía, sin distinciones”.
En ese sentido, el abogado aseveró que este hecho que debe ser sancionado por la institución, calificándolo de “grave desacato y burla a la justicia”.
“Nuestras distintas acciones legales las estamos evaluando”, sentenció.
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