Este sábado se llevo a cabo la formalización de dos carabineros indagados por la muerte de un ciudadano boliviano en Calama.

El Ministerio Público formalizó la indagatoria contra los dos funcionarios policiales por los delitos de presuntos apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio por mera imprudencia y negligencia.

Según detalló el fiscal a cargo, Raúl Marabolí, en base al informe emanado por el Servicio Médico Legal, los efectivos “no le brindaron el auxilio adecuado a la víctima” y lo dejaron abandonado en el lugar donde falleció.

Así mismo se descarta la acción directa de ambos funcionarios de Carabineros en la muerte del ciudadano boliviano.

“En el examen interno hay signos de shock sistémico inespecífico que podrían tener origen infeccioso debiendo descartarse a través de histología. Ninguna dinámica traumática en hallazgos de la cabeza”, explicó el fiscal Marabolí. Esto, en relación al relato de un testigo que aseguró ver a los carabineros golpear con una botella a la víctima.

El fiscal agregó qué el informe del SML “como segunda conclusión señala que en base a lo expresado previamente en el cuerpo del peritaje, ante los signos de shock inespecífico, la causa de muerte se encuentra indeterminada en estudio, requiriendo resultados de todos los exámenes complementarios solicitados para poder aportar a una causa de muerte precisa”.

La Tercera el pasado jueves dio cuenta de que el SML había llegado a la conclusión de que la causa de muerte era indeterminada y que se debían hacer mayores exámenes para concluir bien el motivo del deceso.

Tesis que fue validada por el magistrado Alejandro González: “El Ministerio Público ha sopesado el contenido del preinforme de autopsia que, por de pronto, no permite establecer ni atribuir a título doloso el resultado mortal del ofendido y por lo tanto no es posible calificar como un delito de homicidio a título culposo ni doloso como podría haberse pensado o especulado”.

La defensa de los carabineros, en tanto, aseguró pedirán diligencias para comprobar que los dos funcionarios no tendrían mayor participación en la muerte del ciudadano boliviano.

Por estos hechos, la fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Además, pidió un plazo de investigación de 200 días. Lo que fue acogido por el juez.